Cargando...
El abogado Pedro Cano, que representa a 25 ahorristas de Fondos Mutuos Banalemán, anunció su oposición a la pretensión de la defensa, pues los Peirano Basso ni siquiera se presentaron en el país ni mucho menos buscaron reparar el daño causado a sus representados.
“Realmente es una cosa sorprendente, nunca vista, no pensé que hasta este extremo de la caradurez, incluso del Ministerio Público, porque ellos alegan que supuestamente no pueden salir de Uruguay, porque tienen una restricción. Sin embargo sabemos perfectamente que en diciembre del año pasado han obtenido su libertad, ni siquiera han agregado una copia autenticada de la supuesta restricción y hacer una teleconferencia para tratar un caso tan penoso como ese, no puede ser”, expresó.
Cano cuestionó la postura de la fiscala Yolanda Portillo de aceptar sin ni siquiera cerciorarse de la veracidad de la supuesta restricción alegada y sin contactar con las víctimas.
Asimismo, comentó que fue notificado el viernes último de una audiencia que sería llevada a cabo hoy, por lo que contactó con el abogado de otro ahorrista estafado para que pudiera suspender la audiencia, por falta de respeto de los plazos establecidos para la notificación.
“Yo represento a 25 personas que tienen acumulados casi 825.000 dólares en total. Ellos (los Peirano) no quieren devolver ni un centavo, ni siquiera plantean la reparación del daño, simplemente plantean zafarse del proceso estando cómodamente en el Uruguay. ¡Es una cosa grotesca!”. En Paraguay tienen dos procesos penales, con expectativa de pena de 10 años de prisión.
Jorge y José Peirano Basso están procesados por lesión de confianza, estafa, conducta indebida en situación de crisis y declaración falsa, en el caso banco Alemán. En esta causa, con un perjuicio de US$ 13 millones, Uruguay ya autorizó la extradición de José Peirano a Paraguay, decisión que quedó en suspenso, a expensas de la conclusión del proceso en su país.
En la causa Fondos Mutuos, los hermanos Peirano Basso están imputados por lesión de confianza y estafa. En ese caso el perjuicio es de 24 millones de dólares y está pendiente el pedido de extradición.
Este escándalo dejó al descubierto una cadena de fraudes, desvíos de capitales y otras maniobras ilegales con dinero de los depositantes, que afectó a Argentina, Paraguay y Uruguay, y tocó a Chile, Perú y el sur de Brasil, toda la zona donde operaba el Grupo Velox.