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La jueza penal de garantías Patricia González concedió medidas alternativas a la prisión preventiva a Riart. Les impuso fianza personal a sus abogados por G. 4.000 millones, de los cuales el letrado José Domingo Almada asumió por G. 3.000 millones, Carmelo Caballero G. 500 millones y Osvaldo Bittar G. 500 millones.
El imputado tiene la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado y prohibido salir del país.
El defensor Almada solicitó al juzgado que fije domicilio en la Argentina, donde actualmente reside Riart.
El exministro dijo en tribunales que cumplió con todos los trámites administrativos y con las resoluciones correspondientes para la adquisición del edificio que le cuestionan. Agregó que se puso a disposición de la justicia pese a que solo fue notificado por la prensa de la audiencia de imposición de medidas.
La defensa igualmente debe ofrecer como caución real un inmueble en el plazo de un mes, cuya avaluación es de unos G. 500 a G. 800 millones, aproximadamente.
Uno de los elementos más importantes que utilizó el fiscal José Dos Santos para imputar es que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no probó la “urgencia impostergable” para la adquisición del edificio por la suma de G. 14.045.123.400, unos US$ 3,1 millones. La construcción está abandonada y sin la transferencia correspondiente de la propietaria, María Josefina Scavone de Caballero.
El caso de Escobar
Al expresidente de Petropar Sergio Escobar, imputado por lesión de confianza, el juez penal de garantías Rubén Riquelme le impuso medidas alternativas a la prisión preventiva. Para garantizar su sometimiento a la justicia el juez decretó fianza personal a los abogados José Almada por G. 900 millones y G. 200 millones a Carmelo Caballero. Igualmente le impuso fianza real por G. 900 millones, de un inmueble.
La fiscala Lidia Victoria Acuña se allanó al pedido de concesión de medidas alternativas a la prisión.
“De las circunstancias fácticas descriptas surge una sospecha razonable de que el imputado Sergio Escobar Amarilla firmó el Contrato PRE 232/13 y las adendas 1 y 2 al contrato, en ese orden, y que ordenó el pago del 50% de forma anticipada a la firma MGA Constructora de Michael Azuaga, para la provisión, instalación y puesta en marcha de equipos para la electrificación de molinos en la planta de Petropar de Mauricio José Troche para el Estado paraguayo”, refiere la imputación.
Dicho pago se otorgó a pesar de que la Ley 2051/2013, en su artículo 63, prevé la prohibición de modificación contractual que se refiera a precios, anticipos y pagos progresivos y en general a cualquier modificación que implique conceder condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.
El abogado Almada manifestó que en el transcurso de la investigación probarán que sus defendidos, tanto Escobar como Riart, no cometieron hechos punibles. “Estamos convencidos de que nuestros clientes no están implicados en ninguna ilegalidad, y eso lo vamos a demostrar”, refirió el profesional, quien al mismo tiempo espera que el Ministerio Público actúe con objetividad.