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Sigilosamente, la fiscala de Delitos Económicos Silvia Cabrera, pidió el 14 de agosto pasado archivar la quinta y última denuncia contra el exdirector de la Itaipú y exsenador.
Carlos Mateo Balmelli, extitular de Itaipú, y Alejandro Alarcón Flores, exdirector de Tesãi, habían denunciado el 5 de setiembre y ampliado el 21 de octubre de 2008, dieciocho puntos irregulares atribuidos a Víctor Luis Bernal Garay, Ramón Romero Roa (también exdirector y actual senador), Mario Rubén Genes Osorio, Alejandro Arce Levi y Zunilda Jara de Rolón (exgerentes de Tesãi).
Específicamente, se reclamaban descuentos practicados y no transferidos a IPS (G. 275 millones más sobrecargo de G. 11 millones); títulos de créditos a favor de Tesãi en copias simples, omisión de presentar balances, utilización indiscriminada de sobregiros (sobregiro de G. 2.600 millones y gastos de G. 166 millones).
A su vez, fueron denunciados hechos como residencia médica sin respaldo presupuestario (G. 960 millones), adquisición de resonador magnético (US$ 465 mil y mantenimiento de US$ 100.000), compras de insumos (jeringas) con la inscripción de “Uso exclusivo de IPS. Prohibida su venta y comercialización”, ejecución presupuestaria irregular del convenio social, probable sobrecosto de servicios tercerizados, deudas acumuladas, déficit (G. 33.000 millones).
También, fueron indagados: pagos de honorarios profesionales a tres peritos contables (G. 2.260 millones), atención a pacientes no carenciados, compra irregular de materiales traumatológicos, descuentos a pacientes privados del 100%, diferencias en la ejecución de los convenios suscriptos con la Itaipú Binacional, convenios para compra de equipos médicos, obras civiles, instalaciones, equipamientos médicos y mobiliarios y títulos de créditos no ejecutados.
Cabrera pidió la desestimación y ante el primer trámite de oposición que le dio el juez Amarilla, se volvió a ratificar. El 10 de setiembre pasado, el mismo magistrado envió el caso a la Fiscalía General del Estado.
Solo “desprolijidades”
La fiscala Silvia Cabrera investigó la denuncia durante cinco años (todo el gobierno pasado) y a pesar de reconocer que existieron algunas desprolijidades administrativas en la Fundación Tesãi, decidió desestimar los hechos por no encontrar actos pasibles del delito de lesión de confianza.
En el punto de obras civiles, instalaciones, equipamientos médicos y mobiliarios, la agente aduce falta de especificación por un supuesto faltante de G. 1.937 millones y alega impedimento.