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Oviedo, funcionario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, alegó que la imputación presentada por la fiscala Teresa Sosa falta a la verdad cuando dice que solicitó autorización judicial para requerir informes a una telefónica sobre los celulares de su cliente.
La presentación realizada por la abogada Graciela Moreno refiere que no existe constancia de dicha solicitud, motivo por el cual corresponde anular la imputación radicada contra su defendido.
La fiscala Teresa Sosa solicitó el rechazo de la presentación, tras aclarar que la imputación está basada en datos obtenidos del sistema informático de la UCA, a los que accedió previa autorización otorgada el 23 de abril pasado por el juez Miguel Tadeo Fernández. La agente agrega que el informe de la telefónica no sustenta la imputación.
“Esta judicatura considera que de ninguna forma se han generado las violaciones señaladas por la abogada defensora –requirente del incidente en los términos expuestos– ya que en todo momento la actuación del Ministerio Público se ha concretado a la observancia de las obligaciones y facultades que como titular de la acción penal debe cumplir y ejercer, para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en torno a los hechos objeto de la causa principal, en aras del esclarecimiento de los mismos; (...)”, argumenta Delmás, al fundamentar el rechazo del recurso.
Además de Oviedo, el también funcionario Eduardo Ariel Barrios Villalba y trece alumnos han sido procesados por producción de documentos no auténticos y adulteración de datos relevantes a la prueba. Otros imputados también impugnaron la imputación, recursos que son objeto de estudio por el juez Delmás.