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Riquelme citó para realizar la audiencia a los acusados Ortigoza, a la escribana Martha Roa, a los exconsejeros del Indert Justo Gamarra y Milciades Duré, a los peritos del Ministerio de Obras Públicas Víctor Luis Blanco Samudio y Mario Echeverría y al administrador de la firma San Agustín, Arnaldo Jara, hombre de confianza del senador Jorge Oviedo Matto.
Los fiscales de Delitos Económicos René Fernández y Josefina Aghemo deberán sustentar el pedido de elevación a juicio oral y público.
La primera vez que se señaló la preliminar fue el 18 de junio del año pasado, pero no se pudo hacer porque las defensas repusieron la providencia de Riquelme y la Cámara de Apelaciones tardó cinco meses en expedirse al respecto. Luego, el caso fue a la Corte, que resolvió rechazar la chicana en enero de este año. En febrero pasado, el abogado Álvaro Arias, representante de Roa y Ortigoza, volvió a reponer la fijación de la audiencia.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el 27 de marzo de 2013 el Indert pagó G. 46.884.846.163 por la propiedad de 5.700 hectáreas, ubicada en Cordillera, cuyo costo total quedó pactado en unos G. 60.000 millones. La Fiscalía dice que el inmueble vale solo G. 1.000 millones.
“El inmueble, que ha sido objeto de compra, tenía la finalidad de la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. La investigación estableció que estas tierras no son aptas para estos fines. Según las pericias e informes, la mayor parte de la finca no es apta para el cultivo, ya que se encuentra en una zona destinada a la recreación y esparcimiento vacacional. En otra parcela, se constató que la tierra no es cultivable, por ser arcillosa”, argumentó el fiscal Fernández en la acusación penal por lesión de confianza.
La compra se debió realizar de acuerdo al valor fiscal de los últimos 15 años, con lo que iba a costar unos mil millones de guaraníes, había especificado.
Luis Ortigoza soporta otros cinco casos de lesión de confianza por compra y venta irregulares de tierras y recurre a todo tipo de dilaciones para no ir a juicio oral.