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El magistrado tomó la determinación en la mañana de ayer, previo cambio de calificación, resuelto tras hacer lugar a un incidente promovido por la abogada Elizabeth Torales.
La petición de la defensa contó con la anuencia de la fiscala Yolanda Portillo, quien solicitó la prosecución de la causa únicamente por el hecho punible de violación del deber de cuidado.
“La fiscala manifiesta de que efectivamente ya no tiene condiciones ni elementos sustentables razonadamente, para suponer la continuidad de la imputación con este tipo penal, el 135, abuso sexual en niños en grado de complicidad, pero mantiene el tipo penal de violación del deber de cuidado”, explicó el magistrado.
El juez impuso una caución juratoria a la defensora de la madre, que mientras dure el proceso no podrá salir del país y deberá presentarse mensualmente en tribunales.
“Pensamos que es una medida muy justa y por lo tanto la madre va a poder cuidar a la menor a partir de ahora. Además ella tiene su trabajo, de modo de que pueda producir algo para el sustento de la menor”, explicó la abogada Gladys López Prado, quien representa a la madre en forma conjunta con Torales.
Este caso fue denunciado el 20 de abril pasado por médicos del Centro Materno-Infantil de Trinidad, que solicitaron la intervención de la fiscalía, tras constatar que la criatura, entonces con 10 años, se encontraba embarazada de casi cinco meses.
El 27 de abril pasado, el magistrado decretó la prisión de la madre a pedido de la fiscala Portillo, quien argumentó que la mujer obstaculizaba su investigación.
Padrastro, en prisión
El 9 de mayo pasado fue detenido Gilberto Benítez Zárate, padrastro de la niña, sindicado como principal sospechoso del abuso.
El hombre fue arrestado en la compañía Boquerón, a 10 kilómetros del centro del distrito de Caazapá, la capital del departamento del mismo nombre, en la casa de un familiar.
En declaraciones a la prensa, Gilberto Benítez Zárate negó haber abusado de su hijastra.
LO QUE DICE EL CÓDIGO
El Código Penal en su artículo 226, referente al hecho punible de Violación del deber de cuidado o educación, establece textualmente lo siguiente: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado o educación de otro y con ello lo expusiera al peligro de: 1. ser considerablemente perjudicado en su desarrollo físico o síquico; 2. llevar una vida en la cual los hechos punibles sean habituales; o 3. ejercer la prostitución, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
Por otro lado, el abuso sexual en niños se castiga con pena privativa de libertad que puede llegar hasta 10 años de prisión.