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El magistrado Otazú tiene tiempo hasta el próximo miércoles 13 del presente mes para hacer lugar o rechazar la solicitud planteada por el abogado Alfredo Montanaro, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), según fuentes judiciales.
Montanaro había formulado la petición mediante la presentación de un “recurso de reposición y apelación en subsidio” contra la resolución del juez José Delmás, quien había ordenado el allanamiento de la sede de la entidad deportiva.
“Si la protección constitucional de inviolabilidad de domicilio y documental de la que goza la Conmebol, como cualquier persona jurídica o física en nuestro país ha sido levantada o restringida, la persona afectada por la disposición judicial, en este caso la Conmebol, tiene el legítimo derecho de conocer y ser informada del contenido de toda la documentación, que dio origen o sirvió de sustento para que la orden de allanamiento fuera dictada”, dijo el profesional.
Ante esa petición, el magistrado Otazú llamó a una audiencia entre los representantes legales de la Conmebol y de la Fiscalía de Lavado de Dinero, diligencia que se llevó a cabo el viernes último.
En esa ocasión, el fiscal de lavado de dinero Hernán Galeano dijo que el allanamiento y secuestro de documentos se realizó en el marco de un convenio entre Estados que fue firmado para cooperación de investigación y lucha contra organizaciones criminales internacionales.
“La Fiscalía se limitó a cumplir con un pedido de cooperación entre Estados, conforme a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal, suscrita en Nassau, Bahamas, en el año 1992, vigente entre Paraguay y Estados Unidos de América”, sostuvo en su escrito el fiscal Galeano.
Agregó que “en este caso la Conmebol no es parte, carece de autorización legal para recurrir y tampoco tiene legitimidad para impugnar, reclamar o interiorizarse sobre las determinaciones que permitieron la intervención y secuestro de evidencias, realizados dentro de un convenio entre Estados”.
Durante el allanamiento del local de la Conmebol, los intervinientes secuestraron miles de documentos administrativos diversos que formaron parte de un pedido de la justicia norteamericana, según los antecedentes.
En este caso, representantes de la Fiscalía General de Estados Unidos solicitaron a Paraguay el allanamiento y secuestro de facturas, actas, contratos, libros contables, registros de transferencias bancarias y datos sobre cuentas en financieras y bancarias, entre otros, según explicaciones de funcionarios del Ministerio Público.
Los documentos solicitados por las autoridades norteamericanas se relacionan a procesos abiertos en EE.UU. a exdirigentes de la entidad matriz del fútbol sudamericano que soportan procesos en Nueva York en el marco de las investigaciones sobre el escándalo FIFA-Gate.
Entre los exdirectivos investigados y procesados se encuentran los paraguayos Nicolás Leoz y Juan Angel Napout.
Leoz soporta arresto domiciliario en Asunción desde junio del año pasado y se encuentra sujeto a un proceso de extradición. Napout, por su parte, guarda prisión domiciliaria en EE.UU. y está a la espera de una audiencia judicial para mediados de marzo próximo.