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El civil a quien se admitió en el desarrollo del operativo contra el EPP es el licenciado Hugo Portillo, quien sería presidente del directorio del Banco Amambay, allegado al presidente de la República Horacio Cartes.
En setiembre pasado, un grupo de empresarios israelíes ofreció al Estado la venta de un aparato de escucha telefónica con intermediación del ministro Luis Rojas. Supuestamente, el aparato tenía la capacidad de detectar varias llamadas de teléfonos celulares al mismo tiempo y señalar la posición exacta de cada uno de los aparatos.
Para demostrar la eficacia del dispositivo, Rojas lo utilizó para rastrear a uno de los actuales líderes del brazo armado del EPP, Albino Jara Larrea, quien fue localizado en una vivienda del asentamiento Núcleo 5. Tras confirmar la posición del objetivo, Luis Rojas coordinó las acciones con las fuerzas policiales y militares afectadas al operativo.
En esa oportunidad, el ministro de la Senad se presentó en el campo de acción acompañado de Hugo Portillo, quien tenía chaleco antibala y estaba fuertemente armado. El alto ejecutivo del Banco Amambay, pese que no era miembro de ninguna de las fuerzas, participó activamente del operativo que terminó en un rotundo fracaso a causa de una desinteligencia del mismo Luis Rojas.
La intervención de un civil armado en las filas de la Senad durante una incursión contra miembros del EPP es calificada de sumamente grave por miembros de la cúpula policial, en tanto que en la fiscalía analizan la apertura de una investigación para deslindar responsabilidades en el hecho denunciado.
Aparentemente, la participación de civiles en ciertos operativos de la Senad no sería nueva, conforme explicaron agentes especiales de la propia institución. Constituiría una práctica corriente que fue mantenida en absoluta reserva por responsables de ese organismo.
El asunto fue cuestionado en las Fuerzas Armadas.