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El rastrillaje comenzó el martes pasado durante el cual unos 70 efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del departamento de Caaguazú, con canes amaestrados, realizan la verificación de propiedades que pertenecen al principal sospechoso, Guillermo Saúl Duarte, y a sus familiares, en el distrito de Ñumí, y continuó ayer con la revisión de un bosque en la localidad de Potrero Benítez del distrito de Félix Pérez Cardozo.
La fiscala de la causa, Mirna Rivas, encabeza la investigación con el acompañamiento de los padres de la estudiante desaparecida, Cándida Rivero y Antonio Lichi. Los investigadores ayer volvieron a la localidad de Ñumí, “peinaron” un campo comunal, pero también sin resultado positivo. La madre de la estudiante señaló que tiene la corazonada de que su hija está viva y que no espera encontrar a su hija en una fosa. Ella asegura que está secuestrada por el acusado.
La desesperada madre manifestó que algo muy diferente sintió en Félix Pérez Cardozo, donde los pobladores salieron en grupo a apoyar la búsqueda en los montes de la ribera del río Tebicuarymí y señalaron que si ella está por ahí enterrada, la van a encontrar. Mientras que en Ñumí la situación es totalmente lo contrario, donde los pobladores se encierran en su casa cuando ven llegar a los investigadores y cuando se les pregunta algo se niegan a responder, manifestó Cándida Rivero.
La madre cuestionó a los defensores del único acusado de ser el autor de la desaparición de la joven, Guillermo Saúl Duarte, quienes no están de acuerdo con los allanamientos para la búsqueda de Teresa Edith. “Quiero que se pongan en mi lugar para que sientan lo que yo estoy sufriendo”, sostuvo la mujer.
Teresa Edith Lichi desapareció el pasado 17 de abril cuando salió de su casa de Coronel Martínez, 30 kilómetros de Villarrica, para hablar por última vez con su novio Guillermo Saúl Duarte, un influyente abogado en cuyo poder fueron ubicados chips de teléfonos que pertenecen a la joven. Duarte fue imputado por privación ilegal de personas y se encuentra con libertad ambulatoria con una caución de 300 millones de guaraníes.