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Christian Ricardo Carrasco, funcionario rentado de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), con asiento en Santísima Trinidad, denunció ante la Fiscalía al directorio del CBVP por los hechos punibles de estafa, lesión de confianza, apropiación y lesión culposa.
El denunciante refiere que mensualmente se le descuenta de su salario para pagar el seguro médico del Instituto de Previsión Social (IPS).
Sin embargo, el 6 de diciembre recurrió de urgencia al IPS porque su esposa, en estado de gravidez, ya tenía trabajo de parto de forma prematura, del cual nació su hija con problemas por esta circunstancia.
En IPS le dijeron que no le podían atender porque tenía una mora de seis meses, por lo que se realizaron los trámites para que su esposa e hija recién nacida fueran trasladadas de urgencia al Hospital Materno Infantil de San Lorenzo.
En el trayecto a este nosocomio, la recién nacida tuvo un paro respiratorio, pero fue reanimada en la ambulancia.
A pesar de haber reaccionado satisfactoriamente, la pequeña se encuentra en la sala de terapia intensiva, pero no se saben aún las posibles secuelas físicas o neurológicas que pudieron haber derivado del paro respiratorio.
“Toda esta situación fue causada por la actitud criminal de los hoy denunciados, quienes se apropiaron de mi dinero, que me fue descontado de mi salario, produciéndome un grave daño a mí y a mi familia”, dice la denuncia, que está a cargo de la fiscala Sonia Mora.
Los denunciados son Rafael Valdez, presidente del directorio del CBVP; Miguel Riera (vicepresidente), Carlos Torres (comandante), Luciano Florenciáñez (secretario), Mario Gini (tesorero), Daniel Aquino (comandante), Elías Ramírez, Rolando Valdez, Óscar Acuña, Alberto Meza y Alcides López.
Nuevo juez para el caso
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla aceptó ayer entender en el proceso abierto al presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rafael Valdez, y a otros 10 miembros de su directiva, por estafa y producción de documentos no auténticos. Este caso fue inicialmente derivado al juez José Agustín Delmás, quien se inhibió por amistad con el hermano de uno de los imputados.
La imputación presentada por el fiscal Ángel Ramírez afirma que simularon compras de equipos e hicieron constar una donación como una adquisición con dinero del presupuesto. Una vez notificada la intervención del juez Amarilla a las partes, se fijará fecha para la audiencia de imposición de medidas.