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Riquelme rechazó el incidente de nulidad absoluta que promovió el abogado Jorge Enrique Bogarín, en nombre de su cliente Friedmann, integrante de la Junta Asesora del Indert que actuaba en representación del Ministerio de Hacienda.
Bogarín argumentó que la imputación de la fiscala Victoria Acuña tenía defectos formales, como la falta de calificación de la conducta jurídica que le atribuían a su cliente, lo que le provocaba un estado de indefensión.
Sin embargo, el magistrado sostuvo que es importante conocer la relación de hechos que vinculan a su defendido respecto de una determinada conducta, no así la calificación de la conducta. Esta calificación jurídica es primaria, inicial y variable a lo largo del proceso penal, indicó el juez.
Riquelme resolvió que las costas deberán ser pagadas en el orden causado (cada una de las partes paga sus gastos), ya que no observó mala fe ni temeridad en el planteamiento del litigante.
La semana pasada, el juez ya había rechazado un incidente de prejudicialidad e impugnación del acta de imputación promovido por el extitular del Indert Luis Ortigoza y la escribana Martha Roa de Vargas. La defensa de ambos la ejerce el abogado Álvaro Arias.
Las partes deben ser notificadas de las sentencias recaídas para que puedan recurrir ante la Cámara de Apelaciones, sí así lo consideran necesario.
Con medidas
El contador Arnaldo Jara, administrador de la firma San Agustín SA, la vendedora del inmueble al Indert que habría sido sobrevaluado, tiene medidas alternativas a la prisión.
Tiene prohibición de salir del país, comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del libro respectivo, así como fianza personal de sus abogados José Almada y Sebastián Pampliega por G. 250 millones, para cada uno.
Milciades Duré, exgobernador de Cordillera y diputado electo, y Justo Gamarra, exintendente de Iruña, igualmente obtuvieron medidas y se les impuso caución por G. 500 millones a cada uno.
Antecedentes del caso
- En diciembre de 2012, Luis Ortigoza había dispuesto que el Indert adquiera 5.747 hectáreas de tierras por más de 60.000 millones de guaraníes a la empresa San Agustín, ligada al entonces presidente del Congreso, el senador oviedista Jorge Oviedo Matto. De este monto, Arnaldo Jara ya cobró casi 47.000 millones.
- A pesar de que las tierras fueron adquiridas supuestamente en el marco de la reforma agraria, las mismas no serían aptas para los fines esgrimidos por la institución compradora y todo habría sido parte de una maniobra en el marco de la alianza “líbero-oviedista”, para obtener el apoyo de este último para las elecciones generales de abril pasado.