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El pedido de desafuero de Filizzola (País Solidario) fue denegado el 13 de junio de este año por la anterior Cámara de Senadores.
En esa oportunidad, los colorados quedaron solos en su intento de someter a Filizzola a la justicia, mientras que el parlamentario obtuvo el respaldo del PLRA, Unace, Patria Querida y sus compañeros luguistas.
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña, que indaga un perjuicio de G. 50.000 millones junto a su colega Martín Cabrera, dio a entender ayer que ya no correrá un segundo pedido de desafuero.
“Por el momento no. Nosotros realizamos los trámites como habitualmente lo hacemos con personas que tienen fueros y no podemos avanzar con relación a él en razón de que hay un impedimento legal”, refirió la agente.
Sin embargo, el Ministerio Público ni siquiera puede pedir la clausura del proceso penal con relación al político, debido a que el caso está trabado en la Cámara y debe ser el juez Hugo Sosa Pasmor, el que emita el fallo que suspenda los plazos penales.
En esta causa, la exdirectora de Contrataciones del Ministerio del Interior, Andrea Adle, se abstuvo ayer de declarar.
Su abogado Luis Fernando Almada refirió que la contratación y compra se hizo siguiendo el aspecto legal, pero que el resto es político.
“De eso estamos convencidos, del porqué se está interpretando y llevando del lado muy políticamente, nosotros tenemos que estudiar y de acuerdo a eso establecer la defensa. La estrategia no la vamos a ventilar, porque hay muchos intereses en juego”, dijo. Otras ocho personas están imputadas, entre ellas Rafael Filizzola.
Tras la audiencia, Víctor Flor, quien integró el comité evaluador para la compra de los helicópteros recusó a los fiscales Acuña y Cabrera.