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El juez penal de garantías Alcides Corbeta se expide sobre el particular en la fecha.
Las demás personas cuya inclusión en el proceso solicita la Fiscalía son Richard López Benítez, Leonardo Ariel Núñez Jara, Pedro Francisco Jara Cassa, Hugo César Medina López, María Alejandra Gómez Alonso, Alcides Daniel Paiva García, Ana María Monges Rejala, Luisa Almada Irala y Celia Cardozo Ríos.
Acuña explica que López, Núñez, Jara, Medina Gómez y Paiva ostentaban cargos de nivel personal técnico a pesar de carecer de título universitario que les habilite a realizar servicios en dichos cargos.
“La funcionaria Ana María Monges Rejala, quien prestaba servicios en la Dirección General de Administración, habría percibido remuneraciones en concepto de Bonificación por título de grado desde el mes de marzo hasta setiembre de 2014, a pesar de que la misma no contaba aún con título habilitante para dicho efecto”, señala la fiscala, tras precisar que la funcionaria obtuvo su título universitario recién en octubre de 2014.
“Todo ello ha ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado que asciende a la suma de G. 411.52.140 que la Contraloría ha erogado en concepto de remuneraciones por salario y bonificaciones correspondientes a los funcionarios Richard D. López Benítez, Leonardo A. Núñez Jara, Pedro F. Jara Cassa, Hugo C. Medina López, María A. Gómez Alonso, Alcides D. Paiva García y Ana María Monges”, sostiene la fiscala Acuña.