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El fiscal Sánchez ya fue denunciado antes de ocupar el alto cargo en la logia masónica, pero este dato recién fue dado a conocer tras las publicaciones periodísticas en su contra y ante el silencio de sus superiores.
El Ministerio Público informó que una ciudadana, de nombre María Alejandra Octaviano, puso a conocimiento del fiscal general, Javier Díaz Verón, que el agente penal Sánchez había lanzado su candidatura al cargo indicado en la Logia Simbólica del Paraguay. Octaviano indicó que la aspiración –de entonces– es “incompatible con la función de agente fiscal que desempeña”.
La denuncia fue analizada por el director de gabinete fiscal, Roberto Zacarías, quien decidió remitir los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica. Esta dependencia, por su parte, dictaminó dar impulso a la presentación de Octaviano.
De esta forma, los antecedentes fueron remitidos a Inspectoría General, oficina que inició la investigación, solicitó informes y citó al fiscal Édgar Sánchez a una audiencia.
A la par de esta investigación administrativa –que nunca tiene consecuencias preponderantes para los agentes fiscales–, el Ministerio Público remitió un oficio al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para solicitar antecedentes respecto a si en ese órgano consta alguna denuncia presentada contra el fiscal Sánchez por los hechos referidos, y en caso afirmativo, pidió que se notifique el estado procesal de la causa.
La injerencia de la masonería en la justicia existe desde hace años; solo que esta vez, con la designación pública de un agente a un alto cargo, levantó más protestas de los abogados, quienes ratifican que esa “hermandad” es más bien utilizada para traficar influencias en los tribunales.
El hecho de litigar contra un miembro masón, y que los jueces, fiscales, camaristas y ministros de Corte, sean igualmente sus “hermanos”, es una notable desventaja, había indicado la abogada Kattya González, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.