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Los fiscales Victoria Acuña y Aldo Cantero, tras exponer en los alegatos finales la manera escandalosa en que los exdirectivos de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) derrocharon unos US$ 42 millones, solicitaron penas carcelarias para los acusados.
Para los expresidentes de la Cajubi Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra Vicésar, así como para los exconsejeros Félix Juan Bautista Villamayor, Walter Elías Delgado y César Bejarano, el Ministerio Público solicitó penas de 15 años de prisión, por el hecho punible de lesión de confianza.
Los fiscales alegaron que por el concurso real (cuando un mismo hecho punible es cometido en reiteradas veces), la pena puede ser aumentada hasta la mitad del marco penal máximo. En este caso, la lesión de confianza, según el Art. 192 del Código Penal, prevé castigo de hasta 10 años de cárcel.
Para el exconsejero de la Cajubi Ricardo Antonio Pereira Poletti, la Fiscalía solicitó la imposición de 10 años de prisión.
En el caso de los exconsejeros José Szwako Demiañuk y José Salvador Alonso Martínez, los representantes de la sociedad pidieron la aplicación de 8 años de cárcel.
Para los exconsejeros Cíbar Enrique Insfrán se solicitó 4 años de penitenciaría y para Gustavo Duré, así como para el exsíndico Édgar Mengual Herken, los fiscales pidieron 3 años de cárcel.
El Ministerio Público, asimismo, requirió que una vez impuestas las condenas se ordene la remisión de los mismos a la penitenciaría de Tacumbú para el cumplimiento de las penas.
La Fiscalía sostiene que se demostró en el juicio oral la conducta dolosa de los acusados y que el perjuicio ocasionado a la Cajubi es de 18.844.692 dólares canadienses, 6.294.994 libras esterlinas, 7.426.136 dólares americanos y 8.771.932 dólares americanos, en los emprendimientos denominados Euro Invest, Keystone, Union Securities y Génesis, firmas creadas en el extranjero para desfondar la Cajubi. El tribunal de sentencia está integrado con Mesalina Fernández, Esther Fleitas y Rosarito Montanía.
Una timba financiera
- La Fiscalía en sus alegatos finales concluyó que las supuestas “inversiones” de la Cajubi en el extranjero fueron verdaderas “timbas financieras”, al realizar las “inversiones especulativas”. Los US$ 42 millones ya no serán recuperados. Inicialmente, la investigación determinó un perjuicio de US$ 176 millones, pero gran parte de este monto se dejó prescribir durante la gestión del exfiscal Sergio Alegre.