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El tribunal de sentencia integrado por las juezas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Mercedes Aguirre escuchó los alegatos del Ministerio Público y difirió la continuación del juicio para el martes 30, a partir de las 8:30 con los alegatos de las defensas.
La fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña pidió los 6 años de cárcel para el ex contralor general Óscar Rubén Velázquez y la exsubcontralora Nancy Torreblanca, por el concurso de hechos punibles.
En ese sentido, explicó que los mismos en su carácter de ordenadores de gastos eran los responsables de precautelar el patrimonio de la Contraloría y además, toleraron que funcionarios se alzaran con más de G. 1.000 millones en haberes que no les correspondía cobrar.
Acuña indicó que además de lesión de confianza dejaron que otros cobren honorarios en forma indebida. Refirió, en ese aspecto, que la expectativa de pena pasó a ser de 7 años y 5 meses por el concurso, por lo que solicitó los 6 años de cárcel para Velázquez y Torreblanca.
Con relación a los exdirectores, Roberto García, Luisa Almada y Celia Cardozo, la representante fiscal pidió 3 años de prisión porque colaboraron con su conducta para que ocurriera la lesión de confianza.
En tanto que para los funcionarios que cobraron indebidamente, Liz Paola Duarte (conocida como la “secretaria vip”), Reinaldo Gadea, Horacio Coelho de Souza, Alicia Acevedo, Richard López, Leonardo Núñez, Pedro Jara, Hugo Medina y Ana María Monges, se pidió la pena máxima por cobro indebido de honorarios, que es dos años de cárcel.
Con relación a la conducta de los mismos, la investigadora refirió que algunos cobraron haberes sin tener el perfil requerido y que otros, como en el caso de Liz Paola, marcaban pero no prestaban las horas adicionales y extras dentro de la Contraloría General de la República.
Esto –indicó– se probó con el informe técnico de las compañías de telefonías celulares.
Se defendió en juicio
El excontralor Óscar Rubén Velázquez declaró en juicio oral y público y se defendió de la acusación y refirió que no estuvo involucrado en los cobros irregulares porque solo firmaba órdenes de pagos con visto bueno de los directores. Además, negó que Liz Paola Duarte (conocida como la “secretaria vip") tuviera trato preferencial, ya que era una funcionaria contratada antes de su ingreso al ente.