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El investigador, que ya intentó desestimar la denuncia contra Bernal en dos ocasiones, había ordenado la pericia a Graciela Álvarez, del Laboratorio Forense del Ministerio Público, y a Víctor González, perito propuesto por la defensa.
Ambos dictámenes resultaron favorables para el parlamentario. Sin embargo, dejaron varios puntos oscuros; sobre todo, en lo que tiene que ver con los presuntos testaferros del senador.
Álvarez concluyó que el matrimonio Bernal-Pleva puede supuestamente justificar sus ingresos en siete años, y no incluyó los últimos tres años porque Alegre ya no se preocupó en hacerse de documentos relacionados a ese período.
La perita analizó los ingresos y egresos de Bernal y su esposa desde diciembre de 2001 hasta febrero de 2008 y señaló que, en total, percibieron G. 7.232.163.789 en concepto de salarios, honorarios y otras remuneraciones.
El egreso de la pareja en el mismo período fue de G. 4.914.462.053, según ella, que consistió en compras de inmuebles por G. 1.622.171.204, adquisición de vehículos por G. 1.382.213.000, pagos de tarjetas de crédito por G. 490.806.093 y, en concepto de gastos generales, la suma de G. 810.074.327.
A esas erogaciones agregó las diferencias resultantes en las tasaciones de inmuebles por mejoras consideradas por G. 609.197.429. Fue así que la profesional concluyó que Bernal y su esposa generaron un saldo positivo de disponibilidad de G. 2.317.701.736.
Puntos poco claros
Entre los puntos poco claros del dictamen de la perita Graciela Álvarez está la pericia -sin profundizar- de la estancia adquirida por presuntos testaferros del senador, sobrinos de su ex esposa. Supuestamente, unas 200 hectáreas en Villeta costaron la irrisoria suma de G. 200 millones a la firma “SOL 25”, esto es, G. 1 millón la hectárea.
La estancia de 200 hectáreas, conocida como Potrero Guyratî, sobre ruta asfaltada, camino entre Villeta y Alberdi, pertenecía a los González Macchi. En un principio se creyó que costó G. 800 millones, pero Álvarez hasta bajó esa suma a G. 200 millones.
La profesional realizó un trabajo “sobre papel” de la adquisición del bien a través de la empresa de Luis Pereira Vigo y Fernando José Vera Vigo, sobrinos de Natividad Mercedes Lugo, ex esposa de Bernal.
La licenciada presentó la evolución de la cuenta caja de la empresa “SOL 25”, en la que se observa que la sociedad mantenía los fondos suficientes para pagar G. 200 millones en efectivo por la compra de las fracciones A y B de la finca número 850.
No solo la adquisición de ese inmueble levanta serias dudas, sino la conformación de la empresa “SOL 25”. Supuestamente, Luis Fernando y Jorge Daniel integraron la Sociedad Anónima con capital de G. 1.500.000.000. Los accionistas integraron G. 150 millones cada uno. Para sustentar la capacidad económica, se adjuntó un resumen de ingresos de Concepción Noemí Vigo Lugo de Vera, desde el 2003 al 2006, por un total de G. 379.000.000, empleada con 38 años de antigüedad en la Química Farmacéutica.
Álvarez estableció que se presentaron documentos que “respaldarían” la capacidad financiera para la integración de los aportes, para la constitución de la sociedad, pero no lo dijo de forma categórica.
Veintena de testaferros
La perita de la Fiscalía Graciela Álvarez también descartó a una veintena de presuntos testaferros del senador Víctor Bernal. Ex funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (donde trabajó muchos años el actual senador) y de la Itaipú Binacional estaban en la mira. Entre ellos, Juan Ángel Chávez, y de su hermano Cristóbal Chávez, así como Félix Benítez Molas, Luis Alberto López Zayas, Óscar René Cabrera Rodríguez.
La pericia de Álvarez es “reexaminada” por la directora de la Unidad de Delitos Económicos, Patricia Doria, quien debe expedirse.