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El requerimiento fue formulado por la fiscala del caso, Silvia Cabrera, quien dirige la investigación iniciada a partir de una denuncia de la empresa Barcos y Rodados.
La citada firma, a su vez, reaccionó tras detectar una sistemática fuga de dinero en su estación de la ruta Transchaco y Semidei, cerca del cuartel general del Ejército, a través de la efectivización del saldo de una tarjeta magnética habilitada para la carga de combustibles a móviles militares.
Lo que la empresa descubrió fue que, por ejemplo, los militares hacían figurar como que cargaban combustibles por un determinado monto, pero en realidad no lo hacían y solamente retiraban el importe en efectivo, con la complicidad de los playeros, en una modalidad exactamente igual a la detectada en la Policía hace tres meses y que tumbó a la anterior cúpula y concluyó con el procesamiento hasta del excomandante comisario Francisco Alvarenga.
Precisamente, el viernes último la fiscala Cabrera autorizó una vigilancia en el referido surtidor, donde policías del departamento Contra Delitos Económicos y Financieros capturaron al suboficial de Intendencia del Ejército Guzmán Artemio Morales Franco (44) y al playero Álvaro García Centurión (20). El primero ya está preso en la cárcel militar de Viñas Cue y el otro obtuvo prisión domiciliaria.
“Vamos a demostrar”
El jefe de Comunicación Social del Ejército, teniente coronel Félix Pastor Aranda Martínez, y el director de Administración y Finanzas del Comando del Ejército, teniente coronel Alfredo Gabriel Grance Lezcano, aseguraron ayer en una entrevista en el Cuartel General del Ejército que van a demostrar con documentos que el suboficial Morales Franco no cometió ningún delito. Ratificaron que el efectivo apresado fue autorizado a cargar combustibles a 12 vehículos particulares que debían usarse para un servicio de inteligencia por la visita de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.