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La denuncia de supuestas irregularidades había sido presentada por el abogado Maximiliano Mendieta Miranda.
Parte de la denuncia se basa en publicaciones periodísticas.
Según el denunciante, en octubre de 2012, por Resolución 1501, Quesnel autorizó la venta de un inmueble, propiedad del Indi, en el distrito de Nueva Asunción, hoy Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón; a favor de Julia Beatriz Vargas Meza.
En ese contexto, la fiscala de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción sostiene que la venta es ilegítima, porque la Constitución Nacional en su artículo 64 prohíbe que se comercialicen tierras destinadas a indígenas.
Las tierras en cuestión están ocupadas por las tierras de 19 familias de la parcialidad de los ayoreos.
“Además, la venta se realizó por un valor muy inferior a lo que realmente vale. El negocio no fue beneficioso para la institución, no se destinó a los fines propios del Indi”, según la imputación.
La presentación alude a la responsabilidad de la abogada Carmen Marcela Orlandini, quien representó al ente en la operación de venta del inmueble.
“En fecha 1 de noviembre del 2012 el juez Hugo A. F. Becker, a petición de la abogada del Indi, ordena el levantamiento de las medidas cautelares solicitadas por la parte gananciosa en el juicio y al parecer, rápidamente las autoridades del Indi comunican esta situación a la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro, procediendo la misma a confeccionar una nueva Escritura pública, la número 74 de fecha 15 de noviembre del 2012, mediante la cual se perfecciona la transferencia de la finca, número 10245, padrón 307, con 25.000 hectáreas por parte del Instituto Paraguayo del Indígena a favor de la señora Julia Beatriz Vargas Meza por la suma de guaraníes 1.250.000.000”, dice parte del escrito.
Añade que de esta forma, las autoridades del Indi derribaron el único obstáculo que existía para proceder a la venta de la propiedad, al lograr levantamiento de una medida cautelar en un juicio en el que se había reconocido el pleno derecho del ente sobre la finca número 10245.
En cuanto a la compradora del inmueble, Julia Beatriz Vargas Meza menciona que “al parecer, carecería de las condiciones económicas necesarias para la adquisición de la propiedad que fuera vendida por el Instituto Paraguayo del Indígena”.
A un precio inferior
Según la fiscalía, el precio establecido para la venta sería muy inferior al valor real correspondiente a la propiedad.
Explica que la venta se realizó sobre un precio que correspondía al inmueble hace 16 años.
Añade que el valor actual aproximado sería de 600.000 guaraníes la hectárea y no la suma de 50.000 guaraníes la hectárea, como ha sido pactado en la venta realizada por el Indi.
Las 25.000 hectáreas fueron vendidas por el Indi a Julia Beatriz Vargas Meza en la suma de 1.250.000.000 de guaraníes, conforme a los antecedentes del caso.