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Garcete, quien se presentó a la audiencia de ayer con los abogados Gustavo Patiño, Carlos Hugo Montiel y Alexis Díaz, solicitó libertad bajo fianza real y personal de los letrados. Alegó que es docente y necesita acudir periódicamente a la Universidad Nacional de Santaní.
Sin embargo, el magistrado rechazó dicha petición, tras alegar que es “indudable” que existe peligro de fuga.
El magistrado impuso una fianza de G. 40 millones a los defensores de la fiscala y decretó, además, prohibición de que la procesada contacte con el denunciante Robert Molín y otras personas que participaron en el operativo que concluyó con la aprehensión de Garcete.
Sumamente nerviosa, Garcete expresó su molestia por el trabajo de los reporteros gráficos y se negó a hablar con la prensa. Lo hizo en su representación el abogado Patiño, quien afirmó que va a demostrar que su cliente es inocente y que no existe “la tal flagrancia” alegada para la fiscalía. Sostuvo que la fiscalía le “implantó” los G. 40 millones con los que fue detenida y, que según la denuncia, era para no acusar a Molín, procesado por lesión de confianza.