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“Sostenemos que Luis Alberto Riart tomó todos los cuidados que la ley exige, que todo el proceso estuvo guiado por los estamentos ministeriales especializados, que han emitido dictámenes en donde previa fundamentación recomendaron la compra del inmueble; por lo que resulta imposible sostener el dolo en la conducta del exministro”, manifestaron los abogados José Almada, Carmelo Caballero y Angelina Luna Pastore, en el escrito que presentado ante el Ministerio Público.
La referida compra se realizó a finales del año 2009 y guarda relación con la compra del edificio Excelsior, ubicado en 15 de Agosto entre Benjamín Constant y Presidente Franco, que fue adquirido de María Josefina Scavone por un valor de US$ 3.100.000 (unos 14.000 millones de guaraníes).
La imputación había sido presentada por el fiscal José dos Santos, que incluyó además a José Albino López Pistilli, exdirector de Administración y Finanzas; y Luis Fretes Prieto, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Educación y Cultura.
“La compra se hizo vía excepción, alegando que hubo urgencia impostergable y hacinamiento de funcionarios”, dice la imputación.
El punto que más cuestionó el fiscal Dos Santos es que no había urgencia alguna para la compra del inmueble.
Sin embargo, los defensores de Riart señalaron que este estuvo como ministro desde el 20 de abril de 2009 al 7 de octubre de 2011. “A dos meses de haber asumido el cargo, se incendió el edificio donde funcionaba el área de recursos humanos del Ministerio de Educación. Ante este hecho, se albergó a los funcionarios que quedaron sin oficinas en edificios donde funcionaban otras dependencias y que, además, ya presentaban superpoblación”, dijeron los abogados.
Los defensores agregaron que la necesidad fue justificada en el dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones, suscripto por el coordinador de la UOC, que a su vez sostenía las razones técnicas, ya que la ubicación del edificio a ser adquirido permitiría una mejor interactuación entre las diversas dependencias del MEC.
“Es decir, Riart tuvo noticia cierta de la urgencia y de la importancia técnica respecto a la compra del edificio Excelsior”, resaltaron los abogados al sustentar el pedido de sobreseimiento.
En cuanto al precio, los abogados dijeron que el arquitecto Mario Vacchetta Boggino avaluó el inmueble en G. 15.642.447.706.
Con base en esa tasación, Riart solicitó a Conavi que avaluara el edificio.
Conavi estableció el precio en G. 13.837.560.000, pero habló de un índice de variabilidad del 10% mayor o menor. “Esto permitía con el IVA pagar G. 15.221.316.000, sin salir de los parámetros dados por Conavi, y la adjudicación fue por G. 14.045.123.400”, enfatizaron los abogados.
UN CASO SIMILAR
Un caso similar al de Luis Alberto Riart es el del senador Carlos Filizzola, cuyo sobreseimiento definitivo solicitó la fiscalía en el proceso por la compra irregular de helicópteros, cuando estuvo como ministro del Interior.
La Unidad de Delitos Económicos señaló que la responsabilidad era de funcionarios que emitieron dictámenes favorables en los cuales se basó Filizzola para ordenar el desembolso de G. 20.000 millones para el pago a la firma Proibérica.
En el caso de Riart, la defensa argumenta que el exministro del MEC también se basó en dictámenes de las distintas dependencias que recomendaron la compra del edificio Excelsior.