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El juzgamiento para el miembro del Parlamento del Mercosur, Milciades Duré, y Justo César Gamarra (exconsejero y exintendente de Iruña) no se realizará porque la causa no se destrabó con relación a ellos dos y la excusa es que el proceso se dilata demasiado.
Tanto Duré como Gamarra presentaron acciones de inconstitucionalidad en noviembre de 2016, hace más de dos años y medio, sin que la Sala Constitucional de la Corte se haya expedido.
Es por este motivo que los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Jesús Riera desglosaron el juicio y solo convocaron para este lunes 22 de abril, a partir de las 13:00, al extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ortigoza, y a los peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Blanco y Mario Echeverría.
Sin embargo, la “jugada” es similar a la realizada con el también parlasuriano liberal Enzo Cardozo, que burló su juicio oral con una acción de inconstitucionalidad trabada. Para el resto de los acusados, se dieron altas condenas y el juzgamiento con relación al legislador hasta ahora no se realiza.
La “manito”
Toda esta situación es culpa de la Sala Constitucional de la Corte, que el 8 de noviembre de 2016 le dio la “manito” a Milciades Duré (en ese entonces diputado ya desaforado por este proceso), debido a que un día antes del juicio oral los ministros Miryam Peña, Miguel Óscar Bajac (ya no lo es) y Antonio Fretes decidieron llamativamente dar trámite a la inconstitucionalidad que el legislador había promovido en ese entonces seis meses antes.
Los miembros de la máxima instancia solicitaron a la vista el expediente principal y con ello evitaron el comienzo de la audiencia pública. La maniobra se dio poco tiempo después de que Duré votara en contra de su propia bancada para enviar a la comisión el proyecto de la enmienda constitucional para la reelección del expresidente Horacio Cartes.
En junio del año pasado, se intentó realizar el juicio oral, pero Milciades Duré pretendió beneficiarse con su nueva “inmunidad” de parlasuriano, sin siquiera haber jurado como tal. Es por esto que planteó una excepción de falta de acción.
Luego, se recusó al tribunal integrado por Mendoza, Ocampo y Riera y se suspendió el juzgamiento.