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La sentencia que motivó la concurrida movilización fue dictada el pasado 26 de setiembre y hace lugar parcialmente a una acción de inconstitucionalidad promovida por 24 sanatorios en forma conjunta contra nueve artículos de la referida ley.
Con el voto en disidencia del ministro Antonio Fretes, la ministra Alicia Pucheta y su colega Sindulfo Blanco declararon la inaplicabilidad de los artículos 2, 3, 19 inciso i, 24, 25, 27, 28, 40 y 42, que obligan a nosocomios públicos y privados a cumplir disposiciones relacionadas a formación, a la carga horaria, el escalafón salarial, horas extras y jubilación de los trabajadores de blanco.
“La absoluta morosidad de la Corte hizo que durante diez años las enfermeras de todo el país gozaran de los beneficios de los artículos ahora declarados inaplicables, y esos beneficios ingresaron en los contratos individuales de trabajo por el principio de intromisión previsto en el artículo 337 del Código del Trabajo y de la Constitución Nacional, haciendo que el fallo de la Corte sea meramente declarativo y de imposible cumplimiento, a no ser que señale nombre por nombre a los enfermeros y enfermeras perjudicados, sin derecho a la defensa, por este fallo totalmente arbitrario, absurdo y definitivamente con escape y fuga en el tiempo por más de nueve años (...)”, señala la aclaratoria presentada por el abogado Jorge Luis Bernis, en representación de diez mil profesionales de blanco.
En las afueras del Palacio, los profesionales del sector cuestionaron duramente a los ministros que dieron lugar a la acción, sin considerar la situación de vulnerabilidad y explotación que afecta al personal de enfermería. Bernis adelantó que, una vez agotadas las instancias nacionales, recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de revertir el fallo. Asimismo, se presentará denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo por lesión a lo pactado en el Convenio 111 y pactos internacionales.