Documentos fortalecen sospechas de negociado con balas de guerra

El contrato de adjudicación, la solicitud y autorización de importación y el acta de recepción, prueban que la firma Comtecpar importó 3.204 municiones de guerra más que las adjudicadas por el Ejército. Pese a los fortalecidos indicios, hay una llamativa desidia de los fiscales que tienen a su cargo la investigación.

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El Comando del Ejército, representando por su comandante el Gral. de División Adalberto Garcete Martínez, firmó el contrato N° 95 con Comtecpar, de Carlos León Ocampos, para la adquisición de municiones, de acuerdo a la Contratación por vía de la excepción.

Según el contrato, Comtecpar tenía que proveer 15.797 municiones, calibre 380 win; 16.999 municiones, calibre 338 Lapua Magnum; 15.000 municiones calibre 50 BMG y 381 granadas, calibre 40 mm.

Por nota del 31 de noviembre de 2011, presentada a la Dirección de Material Bélico, León, solicitó la importación de 17.000 municiones Hornady, calibre 308 win; 18.000 municiones Hornady calibre 338 Lapua Magnum y 16.000 municiones calibre .50 BMG.

El representante de Comtecpar acompañó la solicitud con el Certificado de Destino Final (Usuario final, que en este caso es el Ejército) y la orden de compra.

Tanto el Certificado de Usuario Final como la orden de compra, en los cuales se hace constar la importación de más armas y municiones que las adjudicadas por el Ejército, fueron firmados por el Gral. Garcete.

Con base en estos papeles, la Dimabel, con la firma de su titular Gral. Carlos Campos Krauer y la del Tte. Coronel Óscar Villagra, autorizó la importación e 17.000 municiones 308 win; 18.000 municiones calibre 338 Lapua Mágnum y 16.000 municiones calibre .50 BMG, que totalizan 51.000 unidades. Es decir, 3.204 balas más que las adjudicadas.

Recepción

De acuerdo al acta de recepción Nº 22 del 30 de abril de 2012, se recibieron tres bultos con peso 3.619 kilogramos, que contienen las municiones, y quedaron en depósito de la Dimabel.

Según el acta número 62 del 4 de mayo de 2012, siendo las 15:00 horas, la Comisión Fiscalizadora procedió a la verificación de 51.000 municiones.

El 9 de mayo de 2012, por orden de entrega número 26, el jefe del Registro Nacional de Armas, Tte. Coronel Oscar Villagra, autorizó la entrega de las 51 balas de guerra a León Ocampos, para que los explosivos y afines sean trasladados al depósito de Comtecpar, ubicado en Tte. Vera 750 (Villa Morra-Asunción).

Sin embargo, el general Campos Krauer, en una nota remitida a la Fiscalía, había asegurado que el representante de Comtecpar, León Ocampos, en el momento de su inscripción presentó una declaración jurada en la cual señaló que realizaría las importaciones y que los materiales bélicos serán trasladados desde el depósito de Dimabel hasta el del usuario final, porque Comtecpar no tiene depósito.

Contradictoriamente las 51.000 municiones de guerra fueron entregadas a León para que los lleve al depósito de la firma, en el barrio Villa Morra, de Asunción.

Esta situación es sumamente grave, atendiendo sobre todo a que se importaron de más 3.204 balas de guerra, cuyo usuario final tenía que ser el Ejército paraguayo.

Acta de recepción

Según el acta de recepción y verificación de equipos militares, municiones de guerra calibre y granadas de ejercicio, el 19 de mayo en el local de Dimabel, se constituyó la comisión de recepción, presidida por el coronel Héctor Grau Domínguez, para la recepción de los materiales bélicos importados por Comtecpar.

De acuerdo a dicha acta, se recepcionaron: 15.797 municiones calibre 7.62 X 51 mm Nato (308 win); 16.999 de balas calibre 338 Lapua Mágnum; 15.000 municiones calibre 12.70 x 99 (.50) y 381 unidades de granadas de entrenamiento 40 x 46 mm.

Con esto se confirma plenamente que se importaron 3.204 municiones de guerra más que lo adjudicado por el Comando del Ejército.

El general Garcete tiene que explicar por qué firmó el certificado de usuario final y la orden de compra, en donde se hizo constar 3.204 municiones de guerra más, de lo que figura en el contrato.

Antecedente del caso

Los fiscales Federico Delfino, Francisco Ayala y Sandra Quinóñez, bajo la coordinación del fiscal adjunto Alejo Vera, tienen a su cargo la investigación del presunto tráfico de armas y municiones.

El caso tomó estado público luego de una denuncia presentada ante la Corte, de que balas que fueron importadas a nombre de la máxima instancia se vendían en negocios particulares.

La Corte, ante la gravedad del hecho, envió los antecedentes al fiscal general Javier Díaz Verón, que conformó un equipo de investigación.

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