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La semana pasada, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica puso fin a dieciocho años de chicanas y elevó a juicio oral y público el caso por torturas de Bower, el excomisario Merardo Palacios y el exoficial Osvaldo Vera.
Están acusados de los apremios físicos que sufrieron el comisario Alfredo Cáceres y al oficial Jorge López el 21 de julio de 2000 en la sede de la Marina.
Las sesiones de torturas eran con la finalidad de obtener información sobre el intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, hecho que se registró entre el 18 y el 19 de mayo de ese año.
Ahora, las defensas de los tres acusados apelaron la elevación a juicio oral y público con la excusa de una negligente labor del fiscal Fabián Centurión.
El agente había reconocido que se perdió la prueba original más importante, el libro de novedades de la Marina donde quedó acreditado la concurrencia del entonces ministro del Interior en la sede, para las sesiones de apremios físicos.
El juez Gustavo Amarilla admitió la introducción de una fotocopia autenticada presentada por el abogado querellante Rolando Alum, haciendo uso de su potestad de admitir o establecer pruebas de oficios cuando advierte alguna negligencia.
La estrategia ahora de los acusados es pedir la nulidad del acta de elevación a juicio por esto último y por la introducción de todo un tomo de fotocopias autenticadas. Sin embargo, la finalidad es anular la elevación, que es irrecurrible, porque está en la misma acta.
El juez Amarilla habló de un trabajo “un poco desordenado” y hasta “bastante negligente” en lo que respecta al ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público.
Sin embargo, el magistrado consideró que la culpabilidad o inocencia debe definirse en la siguiente etapa procesal, el juicio oral.
“Inocencia” y “persecución”
El exministro del Interior Walter Bower dice ser “inocente de los cargos que se le acusan” y se declara un perseguido del Ministerio Público. Sin embargo, esa inocencia no busca demostrarla en el juicio oral debido a que fue uno de los primeros que apeló la elevación a juicio.
El acusado busca que la Cámara de Apelaciones anule el acta de elevación a juicio con la excusa de que se introdujeron pruebas de manera irregular, como la fotocopia autenticada del libro de novedades de la Marina, cuyo original se extravió en estos 18 años de proceso, hecho que no fue denunciado por el fiscal Fabián Centurión hasta la audiencia preliminar, bajo la “advertencia” de una abogada defensora.