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El magistrado tomó esa determinación porque Morales no compareció a su audiencia preliminar el pasado 27 de setiembre debido a que fue notificado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que luego informó que Papo ya no estaba preso.
Tras este hecho, Delmás pidió informes a la jueza de ejecución Ana María Llanes sobre la situación de la condena de 5 años de cárcel de Morales. La magistrada corroboró que le otorgó la libertad condicional al encausado.
Ante esta circunstancia, el procesado por estafa debía cumplir las reglas de conducta que le impuso el juzgado luego de que la Sala Penal de la Corte le otorgara un habeas corpus en 2010. Sin embargo, no se volvió a sujetar al proceso penal, tampoco se presentó ni justificó su ausencia en la preliminar, y Delmás resolvió su captura e impuso la rebeldía.
Pese a ser un dilatado proceso, la rebeldía interrumpe los plazos y una vez que se levante ese estado, el expediente vuelve a fojas cero, por lo que Morales ya no puede intentar la prescripción de su causa.
En abril de este año, el mismo juez Delmás le aplicó una multa de G. 23 millones y declaró litigante de mala fe a Morales porque revocó el poder de su abogado solo para chicanear su preliminar.
Con su banda, Papo estafó al MEC G. 196 millones y al MAG unos G. 560 millones.