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Brítez había cedido la administración del surtidor a su hijo, Mario Alejo Brítez, y su nuera Rocío Lezcano, quienes por el suministro de combustible se endeudaron con Scavenius Aguilera, en principio, por la suma de G. 53 millones y luego el monto subió a G. 133 millones.
Sin embargo, Mario Brítez, a modo de honrar la memoria de su hijo que falleció tiempo después y evitar la querella y demanda con la que amenazó la empresaria, propuso garantizar el pago de dicha deuda con la entrega de un inmueble y una camioneta de su propiedad. Acuerdo que fue aceptado.
Para formalizar tal consenso, concurrieron a la escribanía de Mirtha Benítez, pariente del diputado Mario Walberto Soto Estigarribia. En el lugar, la notaria y la acreedora modificaron el objeto del acuerdo a “Contrato privado de préstamo de dinero”, cuadruplicando la deuda hasta el valor de G. 576 millones.
Esto fue denunciado a la subcomisaría 02° del barrio Azucena de Coronel Oviedo, incluso con una ampliación por ocultamiento de documentos por parte de Benítez y ante el Ministerio Público, pero la fiscal Viviana Duarte, no realizó acciones para indagar y aclarar el caso.