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El proceso tiene que ver con la megaevasión que denunció la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en Ciudad del Este.
La SET había detectado la utilización de facturas falsas por un monto total de G. 1.602.837.350.819 (un billón seiscientos dos mil ochocientos treinta y siete millones trescientos cincuenta mil ochocientos diecinueve).
El exfiscal Martín Cabrera había imputado a más de 50 comerciantes, en su mayoría árabes.
En el caso que diligenció Ayala Brun había acusación contra 3 personas y pedido de sobreseimiento provisional para 24, pero el magistrado decidió darles a todos el definitivo, pese a la oposición del fiscal de Delitos Económicos Luis Said.
Los acusados por el Ministerio Público que lograron el definitivo son Héctor Darío González Argüello, Rolando Castellani Duarte y Griselda Mabel Rodríguez Galeano.
En otros casos, pese a que la fiscalía pidió el sobreseimiento provisional, el juez otorgó el definitivo.
Los beneficiados son Eleonora Caracelli, Ramón Julián Sánchez, Ahmad Bahjat Nasser, Nelson Cardozo Cáceres, Julio César Vera, Charles Edison Roldán, Luis Alberto Valiente, Mohamad Hassan Awad, Munir Hassan Awad y Youssef Ali El Hussein.
La lista sigue con Hadi Fayez Mohamad, Carlos Alfredo Machi, Julia Graciela Flores, Marta Patricia Patiño, Roque Andrés Arzamendia, Merhi Fouad Jamal, Karaki Ali, Marai Mohieddin, Samir Abdul Soueid, Mohamad Abdul Hussein, Ragda Ghattas Abultaif, Tang En Min, Ziad Tarif y Yehia Ali Omeiri.
Apelación
Antes de que se inicie la feria judicial de enero, el fiscal Luis Said presentó la apelación contra el fallo del juez Rubén Ayala Brun.
El expediente subió a la Tercera Sala de la Cámara de Apelaciones, que integran los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete, pero estos resultaron recusados y la Sala Penal de la Corte Suprema debe destrabar todavía el proceso.
Suspendido, pero continúa
El juez penal de garantías Rubén Ayala Brun logró revertir un primer proceso por mal desempeño de funciones por el que fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que tenía que ver con una orden para evitar el traslado de Tacumbú a la Agrupación Especializada del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, pero cuenta con otra suspensión desde el 4 de setiembre del año pasado, que nunca fue efectivizada por la Corte Suprema.
La suspensión del Jurado se dio porque supuestamente el juez otorgó la libertad a un procesado sin notificar a las partes. Ayala Brun recurrió su segunda suspensión con una acción de inconstitucionalidad que está pendiente.