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Ayala Brun intentó mediante un recurso de reconsideración que la Corte dejara sin efecto la suspensión ordenada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Sin embargo, el pleno de ministros rechazó el planteamiento.
La máxima instancia no aclaró si la suspensión es con o sin goce de sueldo. Esto fue informado por el secretario general de la Corte, Gonzalo Sosa Nicoli. El tiempo de suspensión depende del proceso en el Jurado.
El 5 de octubre pasado la Corte hizo efectiva la suspensión del Jurado y nombró interino del juzgado de Ayala Brun a su colega Gustavo Amarilla Arnica.
El Jurado había decidido suspender y enjuiciar al magistrado el 6 de setiembre de este año y también rechazó un pedido de reconsideración.
Se tuvo en cuenta que Ayala Brun había dictado una resolución a favor del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, condenado a 8 años de cárcel por lavado de dinero y violación a la ley de armas, y a la espera de ser extraditado al Brasil en diciembre de 2017.
“Surgen elementos de sospecha de la causal de mal desempeño de funciones”, sostuvo el JEM en la resolución.
El órgano indicó además que el magistrado “habría evitado el traslado del condenado Jarvis Chimenes Pavão” a una prisión de alta seguridad.
Existían sospechas de un plan de fuga o de rescate y administrativamente se dispuso el traslado para mayor seguridad y Chimenes Pavão estaba sindicado como el cerebro de la introducción de explosivos en Tacumbú.
La situación le costó el cargo a la entonces ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, destituida por el presidente de la República Horacio Cartes, quien tiene un abierto enfrentamiento con el narcotraficante, y dejó al descubierto la “celda vip” que poseía Jarvis en Tacumbú, en connivencia con las autoridades penitenciarias.
En su defensa, el juez Rubén Ayala Brun manifestó que, a petición del abogado Jorge Prieto, defensor del brasileño, informó al entonces director de Tacumbú, Luis Barreto (también removido del cargo), que en el 2014, cuando ordenó la extradición del brasileño, dispuso que el mismo debería guardar reclusión en Tacumbú.
“No ordené que se le traslade ni que no se le traslade, solo comuniqué que existía resolución a pedido de parte. No puedo oponerme al traslado porque la Ley Penitenciaria faculta a directores y autoridades penitenciarias a trasladar a las personas detenidas o condenadas de un lugar a otro por seguridad, entre otros”, dijo Ayala.