Cargando...
La máxima instancia judicial rechazó una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley Orgánica Municipal.
Por unanimidad, los ministros Antonio Fretes, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera decidieron no hacer lugar a la acción contra el artículo 12 de la Ley Orgánica Municipal, N° 3966/2010.
El citado artículo prohíbe a las municipalidades y otros realizar controles de tránsito en las rutas nacionales y internacionales.
Esta acción estaba pendiente desde el mes de marzo del 2010, y entonces se habían suspendido los efectos de la normativa con una medida cautelar que fue firmada por Fretes, Víctor Núñez y Miguel Óscar Bajac. Estos dos últimos ministros se apartaron de entender el proceso justo cuando se debía estudiar el fondo de la cuestión.
Según varios abogados del foro, la empresa Sertrán y los municipios mencionados violaban varias leyes y hasta la Constitución Nacional, especialmente las normativas que se refieren a la potestad de la Policía Caminera para realizar los controles en las rutas y el procedimiento para el cobro de infracciones, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
De acuerdo a los antecedentes, Sertrán fue conformada en agosto de 2008, pocos días después de que asumiera Lugo la presidencia, y su principal mentor fue Petronio Muñoz, pero cedió el lugar a sus hijos Marcelo y Jorge.
La empresa instaló, inicialmente, cámaras en los semáforos que cruzan por Ñemby, Ypacaraí, Coronel Oviedo y Hernandarias y controló el cruce de la luz roja, cobrando más de G. 1.000.000 a los supuestos infractores. Luego, para recaudar más, colocó radares en las rutas y se comenzó a cobrar a los que excedían la velocidad, que no superaban los 50 a 60 km. Este sistema de control se convirtió en un gran negocio para los directivos de la empresa Sertrán, ya que, según los datos, la firma se lleva el 80% de los recaudado y solo le deja a la Municipalidad el 20%.
Facturaba millones
Según un informe que fue solicitado por la Cámara de Diputados y elevado por la Comuna de Ñemby, en el 2009 la empresa Sertrán recaudó en concepto de infracciones de tránsito en la zona G. 3.248 millones y la Municipalidad se quedó con solo G. 759 millones.
Siempre se cuestionó que allegados al presidente Fernando Lugo lleven adelante este negocio floreciente, donde se facturan millones a costa de los automovilistas.
Con la crisis de poderes, la Corte da un claro “mensaje” al oficialismo.