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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Christian Bernal, Cristian González y Sonia Villalba, por unanimidad, encontró probada la acusación por lesión de confianza.
Sin embargo y pese a imponer la pena de 3 años y 6 meses a Sawatzky y 2 años y 7 meses a su cómplice César Calvet, los jueces determinaron que continúen en libertad hasta que la pena quede firme, por lo que podrían pasar años para que los mismos pisen la cárcel.
El fiscal de Delitos Económicos Luis Piñánez se mostró conforme con la sentencia dictada, aunque en sus alegatos finales de ayer había pedido la condena de 4 años y 3 meses para el exgobernador colorado, y 4 años para Calvet, quien se encargó de preparar los proyectos de obras viales que eran aprobados finalmente por Sawatzky, en su carácter de ordenador de gastos y posición de garante.
El tribunal tomó como cierta la acusación que había presentado el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio (actual senador), quien indicó que en la gestión de Sawatzky, entre el 2003 y 2008, se dio un perjuicio de G. 2.524 millones con facturas truchas con las que se intentaron justificar gastos.
Además, se probaron las obras fantasmas en los tramos Tte. Montanía-Teniente Martínez-Fortín Madrejón, donde según el perito Arq. Juan Alberto Duré, del Ministerio Público, se sobrefacturaron G. 723 millones.
Sin embargo, la Contraloría determinó un perjuicio de G. 822.568.660 porque unos 16 kilómetros de caminos vecinales, que debían ser reparados de unos 150 kilómetros, no fueron realizados.
En este proceso, quedó fuera el exintendente de Mariscal Estigarribia Eladio Alcaraz, para quien la fiscalía pidió sobreseimiento definitivo porque no se encontraron elementos.
El fiscal Piñánez celebró que finalmente después de 9 años de proceso penal se haya podido llegar a una sentencia.
El caso fue bastante chicaneado, sobre todo en la audiencia preliminar que fue suspendida en numerosas ocasiones, sin que se impongan sanciones a las partes.
“El exgobernador en su posición de garante y ordenador de gastos debió salvaguardar los intereses del Estado, y en el caso del señor Calvet elaboraba esos proyectos que luego se aprobaba”, explicó el fiscal.