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Los fiscales Aldo Cantero y Yolanda Portillo solicitaron juicio oral y público para Perlita, por cobro indebido de honorarios, producción indebida de certificados sobre méritos y servicios y uso de certificado sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de autora y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de instigadora.
Tras admitir los hechos, la procesada solicitó condena de 2 años, a la par de la devolución del monto cobrado indebidamente en 24 cuotas de G. 17 millones, propuesta que contó con la aprobación de la fiscalía.
El juzgado determinó que el monto que Perlita debe regresar al Estado es G. 376.362.253, suma que cobró de manera indebida a la Itaipú, la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Diputados.
Amarilla estableció que la devolución se concrete de la siguiente manera: el 50% (G. 188.181.126) debe ser entregado en un plazo máximo de 72 horas y la suma restante, abonada en 48 cuotas.
Paralelamente, el magistrado le impuso las obligaciones de entregar G. 2 millones mensuales al comedor Mitã Raity, a cargo de la señora Sara Servián, hasta completar G. 48 millones.
El fallo dispone además, que Perlita deberá prestar servicios médicos en Clínicas, durante cuatro horas semanales, de manera gratuita, durante dos años.
A su vez, la docente Fátima Díaz de Velázquez también fue condenada a 2 años de prisión con suspensión y a devolver los G. 50 millones que cobró en forma ilegal.
Argumento del magistrado
“Siempre se dice que el mayor daño a la delincuencia es el que efectivamente se le hace a sus bolsillos, no ganando nada el Estado con tener personas privadas de su libertad, dándoles de comer a través de las penitenciarías, desintegrando sus familias y, sin embargo, nada se recupera de los bienes que pudieron haber sustraído y hasta que compurguen su sanción para que disfruten de ese dinero. Esta sentencia tiene ese espíritu, que va mucho más allá de que el simple perjuicio de privar de la libertad a una persona, sino que permite que con la suspensión de la condena a prueba y la entrega de dinero para el Estado y la entrega de dinero para personas necesitadas y trabajo social en forma gratuita, se logre recomponer los bienes jurídicos lesionados a través de un fallo justo y respetando la dignidad humana”.