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El juez Isacio Cuevas tras percatarse de que se usaron oficios supuestamente firmados por él, hizo la denuncia ante la Fiscalía. Una de las firmas correspondería al magistrado, pero la otra habría sido adulterada.
Todo apunta a que la funcionaria judicial del juzgado de Cuevas, Lourdes Malberti, habría sido quien fraguó las resoluciones judiciales a través de las cuales se liberaron al peruano, ingeniero Julio César Baltra del Águila y el paraguayo Artemio González Jara.
La funcionaria Malberti es pareja sentimental y está embarazada de Baltra del Águila, según las fuentes.
Malberti incluso llevó la nota a la Comandancia de la Policía, comunicando la libertad del extranjero, según el oficio Nº 892 del 30 de julio de 2013, lo que complicaría más su situación.
El también condenado González Jara, fue liberado el 14 de noviembre de 2013, por oficio Nº 1485, según consta en la penitenciaría.
También será investigado el ujier notificador Víctor Vázquez, asignado en el juzgado penal de garantías Nº 11 a cargo del juez Miguel Tadeo Fernández.
Llama la atención que Vázquez, quien fue guardiacárcel de Tacumbú, haya notificado la libertad de los condenados, cuando que esta función debió ser cumplida por los ujieres de juzgados.
El gestor Ovidio Centurión llevó uno de los oficios y será investigado.
No se descarta que funcionarios penitenciarios también estén implicados.
El director de Tacumbú, Artemio Vera, dijo que las resoluciones eran originales. Sin embargo, llama la atención la facilidad con que se liberó a los narcos. Se presume que en la Dirección Jurídica tienen la sentencia por la cual fueron condenados a diez años de cárcel.
Si es así les hubiera llamado la atención la resolución judicial, ya que los narcos están recluidos hace cinco años.
Baltra del Águila y González Jara fueron detenidos en noviembre de 2008 por la Senad, en Las Lomitas, Ñemby.
En este lugar se incautaron 36 cápsulas de cocaína, un paquete de un kilo cuarenta gramos (1,040 kg) de cocaína, y otro paquete de 196 gramos de la droga.
El 13 de junio de 2012, el tribunal integrado con Silvana Luraghi, Sonia Sánchez y Elsa Ydoyaga, aplicó la alta condena, que fue confirmada por la Cámara el 15 de noviembre de 2013.