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La subcomisión 1 se reúne de 9:00 a 11:00 y el debate sobre los principios de organización judicial es el segundo tema agendado.
La revisión de los artículos referentes al rechazo in límine; excepción de inconstitucionalidad y efectos de la acción de inconstitucionalidad sobre la resolución del proyecto de ley que organiza la Corte Suprema de Justicia, son los demás temas a ser tratados por la comisión.
La separación de funciones jurisdiccionales y administrativas es motivo de preocupación para los juristas hace mucho, tal así que es el primero de los diez temas considerados urgentes para una reforma judicial profunda, según propuesta del Centro de Estudios Judiciales, cuya directora es la Dra. María Victoria Rivas de Adlan, coordinadora de la comisión nacional que proyecta los cambios en la legislación vigente.
Básicamente, se pretende limitar las competencias de los ministros de la Corte en cuestiones administrativas y se les permita dedicar más tiempo al estudio de los casos expuestos a su consideración, aquellos en los que están en juego interpretaciones constitucionales y tengan gravedad institucional.
“Muchos magistrados de la Corte Suprema les dedican más tiempo a cuestiones administrativas que al estudio de los casos. Además, ello genera amiguismo, nepotismo e impide la profesionalización de la administración de los tribunales, abriendo la puerta a quienes buscan el favor de la Corte antes que el cumplimiento eficiente de sus tareas”, fundamenta el CEJ en su propuesta.
Asimismo, se destaca que la reducción de competencias de la máxima instancia judicial permitirá contar con una “Corte que no esté congestionada ni delegue el trabajo más importante en relatores, donde los magistrados deliberen verdaderamente como un cuerpo colegiado”.
Integran la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia siete senadores, siete diputados, un representante de la Corte Suprema de Justicia y uno del Poder Ejecutivo.
Despilfarro en sueldos
El presupuesto para el año 2016 previsto para la Corte Suprema de Justicia es de poco más de G. 1,2 billones (G. 1.265.077.413.614), US$ 227 millones al cambio vigente. El manejo de los recursos del Poder Judicial ha sido motivo de graves cuestionamientos. En diciembre del 2012, por ejemplo, la entonces directora financiera, Rosa Lucía Santacruz, cuyo salario era de poco más de G. 8 millones, cobró nada menos que G. 71 millones, gracias a bonificaciones y subsidios varios. La mujer, que no fue sumariada ni denunciada, cobró más incluso que su propio jefe, el director de Administración y Finanzas, Roberto Torres, quien percibió casi G. 59 millones.