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Los camaristas José Agustín Fernández, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín rechazaron una apelación contra una decisión de primera instancia que no hizo lugar a la extinción penal por “cosa juzgada”.
El político de frontera había planteado la extinción de la acción penal y el juez Humberto Otazú la rechazó en primera instancia.
Sánchez, representado por el abogado Jorge Prieto, indicó en su apelación que Otazú y la Fiscalía no tuvieron en cuenta que Chicharõ ya tuvo una condena de 4 años de cárcel en Brasil, la cual se encuentra firme y ejecutoriada, con petición de cumplimiento en nuestro país y “hace cosa juzgada en relación con la presente imputación fiscal”.
Dijo que la imputación se basa en los hechos ya juzgados en el extranjero.
El Tribunal de Alzada, por su parte, indica que la condena alegada fue impuesta respecto de otros hechos ya juzgado en su momento, lo que fue suficientemente explicado por la fiscalía.
Agrega que en este caso ya hay acusación y es con relación a otros hechos.
El tribunal también rechazó a Ardonio Sánchez la nulidad absoluta de actuaciones, porque supuestamente se le “transfirió” la condena de 4 años de su hermano, en este proceso.
Asimismo, los camaristas revocaron la “devolución” de la imputación fiscal que hizo el juez Otazú, porque consideraron que no cumplió el trámite de enviar para otro sorteo de juez con relación a los artículos 42 (beneficiarse del narcotráfico) y 44 (asociación para comercializar sustancias prohibidas) de la Ley de drogas 1340/88, y el artículo 239 del Código Penal (asociación criminal).
Si el juez se considera incompetente, dice el fallo, debía remitir las actuaciones a quien considera competente o a la mesa de entrada de los juzgados penales de garantías y de generarse un conflicto de competencia, lo cual debe resolverlo la Corte.
Prisión preventiva
En su imputación por hechos vinculados al narcotráfico, el fiscal Marcelo Pecci pidió la prisión preventiva de los hermanos Carlos Rubén, Ardonio y Denilso Sánchez Garcete, porque los hechos son considerados crímenes y tienen penas de hasta 25 años de cárcel.
Según el agente antidrogas, los hermanos no pueden justificar más de G. 15.000 millones de su patrimonio, dinero que provendría del narcotráfico.
Los hermanos Sánchez solo estuvieron 6 meses en prisión por lavado de dinero.