Cargando...
El político planteó la acción de inconstitucionalidad con el patrocinio del abogado Óscar Ortiz, al igual que su hermano Ardonio (abogado). Este último insiste en que no puede ser objeto de este proceso porque se le “transfiere” la condena en Brasil de Carlos Rubén.
En este proceso también está acusado Denilso Sánchez Garcete, intendente de Capitán Bado.
A principios de este mes, la Cámara de Apelaciones ratificó la validez de la causa vinculada al narcotráfico.
Además, revocó la “devolución” de la imputación fiscal que hizo el juez Humberto Otazú, quien se declaró competente solo por lavado de dinero. El tribunal de alzada consideró que el magistrado no cumplió el trámite de enviar para otro sorteo de juez con relación a los artículos 42 (beneficiarse del narcotráfico) y 44 (asociación para comercializar sustancias prohibidas) de la Ley de drogas 1340/88, y el artículo 239 del Código Penal (asociación criminal).
En su acción de inconstitucionalidad, Chicharõ persiste en que no puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, debido a que la condena de 4 años por lavado de dinero producto del narcotráfico en Brasil “está firme” porque fue trasladada para ser cumplida en nuestro país.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los hermanos Sánchez porque estos hechos son considerados crímenes, y con estas chicanas se dilata la audiencia de medidas. Los acusados no pueden justificar G. 15.000 millones de su patrimonio, cuyo origen sería el narcotráfico.