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La investigación por el negociado con las tarjetas free (al portador) de combustible en la Comandancia de la Policía dio pie también a la indagación de los bienes de los involucrados.
Reportes periodísticos dejaron al descubierto el notable crecimiento económico del excomandante Alvarenga, quien fue destituido tras este escándalo.
Los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñánez encomendaron la tarea de avalúo de bienes a las peritas Margarita Ramírez y Olga Fleitas, del Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Alvarenga posee diez inmuebles, entre ellos varios terrenos en Coronel Oviedo y Carayaó, además de una estancia en la ciudad de Mbocayaty, su domicilio particular en Capiatá y dos departamentos ubicados en el centro de Asunción.
Piñánez explicó que no solo importa el valor de los terrenos, sino las mejoras introducidas y si estas se condicen con los ingresos del excomandante. “Puede que los inmuebles hayan sido adquiridos hace un tiempo, más de diez años, pero las mejoras realizadas, hace poco tiempo. Esos departamentos de Asunción, por ejemplo, sufrieron variaciones hace unos meses nada más”.
Con relación a Juan Mendoza, se investiga su imponente residencia de Villa Elisa. Según datos preliminares, el coqueto inmueble de tres pisos y materiales lujosos tendría un valor de nada menos que US$ 200.000.
Roberto Osorio y su esposa Ada Liz Da Rosa soportan ya una imputación por enriquecimiento ilícito por los numerosos bienes lujosos que poseen.
Segunda denuncia
La fiscala Josefina Aghemo, por su parte, indaga una segunda denuncia por lesión de confianza contra Francisco Alvarenga y de momento aguarda un informe del Ministerio del Interior, referente a una auditoría interna realizada con relación a la contratación y provisión de combustible con dos emblemas.
El excomandante había aprobado la adjudicación al emblema Copetrol por una suma de G. 11.238.617.005, y a Barcos y Rodados por G. 19.657.561.117. Sin embargo, un informe del Equipo Económico Nacional de Trabajo le recomendó desestimar. Independientemente, formalizó y ejecutó el contrato, sin que el proceso esté validado por Contrataciones Públicas.