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Las denuncias estaban cajoneadas desde hace meses. La primera fiscala designada fue Sussy Riquelme, de la Penal Ordinaria, pero en enero pasado decidió remitir el caso a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Uno de los casos guarda relación con un fraude cometido por empresas extranjeras para ganar una licitación del Banco Mundial de G. 54.900 millones, otorgada al consorcio Bella Vista para el refulado hidráulico.
La otra denuncia fue del Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro, a principios de setiembre del año pasado, un par de días antes de que Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra renunciara a la presidencia de la Essap.
La presentación de Hacienda se basó en una auditoría practicada por el Poder Ejecutivo, que revela el uso ilegal de G. 16.000 millones entre 2015 y 2016.