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“La tasación o evalúo de las tierras expropiadas debe realizar un juez y no el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, sostuvo el abogado Luis Alberto Grisetti, quien llegó hasta nuestra redacción con Modesto Guggiari, ambos representantes legales de las firmas de capital extranjero, Roswell Company SA y Kansol SA.
Las dos empresas son propietarias de 14.404 hectáreas de tierras situadas en el Chaco, en donde poseen establecimientos ganaderos, las estancias Santa Elisa y Michi, que se encuentran entre los Kilómetros 367 y 368 de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción.
En virtud de la Ley 5194 del 11 de junio del 2014, los inmuebles fueron expropiados a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa.
La expropiación fue sancionada por el Congreso Nacional, conforme a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de enero del 2006.
El organismo interamericano había ordenado al Paraguay entregar a la parcialidad Sawhoyamaxa las tierras donde se encuentran los establecimientos de producción ganadera de Roswell Company y Kansol, según los antecedentes del caso.
Acciones de inconstitucionalidad contra la citada legislación no prosperaron ante la máxima instancia judicial y a raíz de esa situación los representantes legales de las firmas afectadas promovieron otra demanda, esta vez contra una disposición referente a la indemnización.
Según el artículo legal atacado de inconstitucional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) debe realizar la tasación de las tierras expropiadas.
Pretender que el MOPC realice la tarea de tasación o evaluación de las tierras “es absolutamente ilegal e inconstitucional”, manifestó el abogado Grisetti al indicar que ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya se promovió una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 3° de la Ley 5194/14 que autoriza al citado ministerio a tasar las tierras.
“Con esta acción queremos evitar el doble perjuicio que nos causan”, manifestó Guggiari al indicar que además de una expropiación arbitraria e injusta ahora se busca realizar una indemnización ilegal.
Guggiari y Grisetti coincidieron en manifestar que la expropiación de las tierras de sus mandantes se vio rodeada de hechos de violencia como invasiones, amenazas y robos en perjuicio de las mencionadas empresas.
Todos esos hechos fueron debidamente denunciados ante el Ministerio Público y ahora se espera que las investigaciones prosperen, indicaron.
Aguardan fallo de la Corte
Los representantes de las empresas afectadas por la expropiación esperan que la Sala Constitucional de la Corte Suprema se expida rápidamente sobre la inconstitucionalidad presentada.
Es nulo e ilegal el artículo que autoriza al MOPC a realizar la tasación de las tierras, insistieron. El artículo debe ser declarado ilegal e inconstitucional, dijeron.