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A la par de la agresión sufrida, cuando recurre a la Justicia una persona que ha sido víctima de abuso sexual debe lidiar con un conjunto de situaciones que, lejos de acercarla a la anhelada justicia, la alejan.
Este caso no es diferente. La víctima, una joven con síndrome de Asperger (considerado un autismo de alto funcionamiento) que en ocasión del abuso tenía 16 años, ha tenido que soportar hasta acusaciones de haber “inventado” el abuso, pese a que el diagnóstico elaborado cuatro días después del hecho es contundente respecto a la existencia de relación sexual forzada y lesiones en sus partes íntimas.
Una de las vejaciones de ribetes insólitos registrados en este caso fue la difusión de los resultados de una junta médica sobre fotografías de su partes íntimas, realizadas en ¡conferencia de prensa!
En esta causa, la Fiscalía imputó a cuatro adolescentes por coacción sexual y abuso sexual en personas indefensas, pero finalmente acusó solamente a uno, exnovio de la víctima, por coacción sexual y violación.
“El tipo penal de abuso sexual en personas indefensas se encuentra probado desde el momento en el cual se constata un grado de incapacidad de resistencia de parte de la víctima, por el consumo de una sustancia que le fue suministrada (Alprazolam – benzodiacepina), a los efectos de verse en la limitación de sus capacidades físicas, sobre todo al momento de defenderse de las agresiones, así como de la intervención de terceras personas, que igualmente la limitaron en el escaso rechazo que pudo ejercer la víctima durante el hecho”, explicó la abogada Cecilia Pérez, representante de la familia de la víctima.
“Igualmente, los elementos colectados denotan el conocimiento que el entorno de la víctima ya tenía sobre la comisión del hecho, las características de este y la implicancia del acusado, e inclusive intercambian llamadas con compañeros del acusado en el momento en el cual se procedieron a las incautaciones de los teléfonos celulares. Conversaciones o comunicaciones sobre la supuesta existencia de un video, y de quién habría filmado; sobre el suministro de droga; sobre el hecho de violación, son constantes en los chats en el entorno de la víctima”, sostiene la abogada querellante.
Recursos dilatorios
La profesional lamentó que los numerosos recursos planteados por las distintas defensas hayan dilatado en demasía el desarrollo de la causa a tal punto que hoy, a dos años del hecho y a un año de la acusación, ni siquiera se ha podido realizar la audiencia preliminar.
De hecho, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia abrió un sumario para estudiar la actuación de la abogada Ada Carolina Ferreira, del que no se conoce resolución aún.
El abogado Carlos Bogado, defensor del único adolescente acusado con relación al caso, planteó recientemente un recurso de reposición con apelación en subsidio contra una resolución del juzgado que, afirma, limita el acceso a una prueba. De ser rechazada, la petición deberá ser elevada a la Cámara para su estudio.
Resoluciones pendientes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, actualmente presidido por el abogado Adrián Salas, abrió de oficio una investigación a la fiscala Teresa Sosa, por su actuación en este caso. Sosa visitó a medios de comunicación y hasta se reunió con gerentes, para interceder a favor de los imputados. La fiscala fue recusada y separada de esta causa. Hasta la fecha el JEM no dio a conocer su resolución. Por otro lado, la abogada Clara Rosa Gagliardone presentó denuncia por “revelación de secretos privados” ante la fiscalía, para que se sancione a los responsables de la reunión de prensa de la junta médica que examinó fotos de la víctima. Tampoco hubo respuesta.