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CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional) Se trata de Sergio Ayala Benítez (31) y Hermes Ricardo Rojas González (31), ambos de la compañía Calixtro, y de Ulises Rafael Fleitas Delvalle (36), de la compañía Espartillar. Los tres fueron procesados por perturbación de la paz pública y resistencia.
El magistrado alegó que debido a los tipos penales y la gravedad que constituye el desacato a la medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus establecida en el Decreto Presidencial Nº 3442 y la resolución sanitaria, los imputados guardarán reclusión en la Penitenciaría Regional de Misiones.
Sin embargo quedaron en la comisaría porque no fueron recibidos en la cárcel.
El fiscal Rafael Ojeda imputó por los hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas y solicitó la prisión preventiva de los citados sujetos.
Los ahora procesados agredieron, supuestamente, el sábado último al subjefe de la comisaría 5ª Martín Marecos y al suboficial Arnaldo Olmedo.
Los uniformados habían acudido al lugar de los hechos luego de recibir una denuncia anónima en la Oficina de Guardia de que un grupo de personas se estaba aglomerado a la entrada a la ciudad y compartían una ronda de tragos.
Los agentes llegaron al lugar y les pidieron despejar el sitio, algunos obedecieron y otros reaccionaron contra los policías, uno de ellos agarró una botella de cerveza cargada y golpeó en la cara al subjefe Marecos quien cayó desvanecido. Asimismo, hirieron en el rostro al sub oficial Olmedo.
De acuerdo a lo explicado por el juez Hilario Bustos, tras los hechos se inició un proceso de investigación respecto al desacato a lo dispuesto por el decreto presidencial Nº 3442 que establece cuarentena por precaución para evitar la propagación del coronavirus y la presunta transgresión a la Ley 716/96 que establece la disposición de cuarentenas sanitarias.
La agresión a los efectivos policiales ya está enmarcado dentro de la figura de perturbación y resistencia y queda un tiempo de seis meses para que el fiscal presente su requerimiento conclusivo contra los que ahora fueron privados de su libertad, explicó el magistrado Bustos
El juez argumentó en su resolución que el interés general prevalece sobre el particular, que en este momento nuestro país se encuentra en cuarentena por la pandemia del covid-19 y recordó que hay una disposición de no salir de la casa o evitar la aglomeración de personas. Sin embargo, los imputados transgredieron dicha disposición y ahora se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 5 años.
Imputados y con pedido de prisión
Los tres jóvenes, José Luis Melgarejo Vera (32), Richar Marcelo Mongelós (21) y María Magdalena Lezcano (24), fueron imputados ayer por resistencia, perturbación de la paz pública e incumplimiento del decreto emergencia sanitaria, por el fiscal de Santaní Rusbell Benítez, quien también solicitó la prisión preventiva para ellos. Precisamente, los tres deberán comparecer esta mañana ante el juez penal de Garantías Víctor Escobar para la imposición de medidas, según informaron. Los jóvenes fueron arrestados en la tarde del domingo último al desacatar la orden de desalojar un balneario ubicado a orillas del arroyo Tapiracuai, en la zona de Santaní.