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Pese a las pruebas irrefutables del cambio climático, el “mundo no va en absoluto en la buena dirección”, advirtió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el segundo día de la 24ª Conferencia de la ONU sobre el Clima celebrada en Katowice.
Para “muchas personas, regiones e incluso países, ya es una cuestión de vida o muerte”, por lo que “es difícil entender por qué, nosotros, colectivamente, seguimos avanzando tan lentamente, e incluso en la mala dirección”, agregó Guterres durante una cumbre de la Conferencia, marcada por grandes ausencias de jefes de Estado y de gobierno.
Pero para los países en vías de desarrollo ya afectados por las sequías, las inundaciones o el alza del nivel del mar, son los países ricos quienes deben hacer más para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar al Sur a prepararse ante las catástrofes.
Justicia
“Tenemos la sensación de que nos castigan por errores que no cometimos. La comunidad internacional debe actuar para que se haga justicia”, declaró la presidenta de Nepal, Bidhya Devi Bhandari, aludiendo en particular al deshielo de los glaciares del Himalaya.
“A quienes arrastran todavía los pies, les digo simplemente ‘háganlo’”, expresó por su parte el primer ministro de Fiji, Frank Bainimarama, presidente de la COP23. “Si ignoramos las pruebas irrefutables, seremos la generación que traicionó la humanidad”, advirtió.
El Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global a +2 ºC respecto a la era preindustrial, e idealmente a +1,5 ºC. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) muestra no obstante las claras diferencias de la incidencia entre esos dos objetivos y destaca que habría que permanecer por debajo del +1,5 ºC para poder reducir las emisiones de CO2 cerca de un 50% para 2030, respecto a los niveles de 2010.
Para ayudar a los países en desarrollo a reducir sus propias emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático, los países del Norte prometieron elevar en 2020 su apoyo financiero a 100.000 millones de dólares anuales.
Pero si bien los flujos aumentan, la meta todavía no se ha logrado y además, según la OCDE, esta suma es insuficiente para cubrir las necesidades colosales de estos Estados.