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La nueva normativa, aprobada el jueves, estableció que tanto el Estado como las provincias y la ciudad de Buenos Aires poseerán “la responsabilidad indelegable sobre la Educación Superior” y que tanto la educación como el conocimiento son “un bien público y un derecho humano personal y social”.
En ese sentido, se subraya que los estudios de grado en las instituciones universitarias estatales “son gratuitos” y se prohibió “el establecimiento de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto o tarifa”.
El texto aprobado explicita además que, para ingresar a la educación superior, las personas solo tienen que haber aprobado el nivel secundario, sin “generar mecanismos de selección de aspirantes”, eliminando exámenes.