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Varios países latinoamericanos –Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina y México, así como Estados Unidos, la Unión Europea– y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunciaron el despojo de poder al Parlamento.
Uno de los primeros en protestar fue Perú al retirar a su embajador en Caracas denunciando, al igual que Brasil, una “ruptura del orden constitucional”.
“Es difícil llamar esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe”, comentó Michael Shifter, el presidente de Diálogo Interamericano, quien comparó el caso con la decisión del expresidente peruano Alberto Fujimori de disolver el Congreso en 1992.