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Mubarak fue encarcelado en abril de 2011 después de que en febrero de ese año una revolución popular le obligara a dimitir. Llevaba 30 años en el poder.
En noviembre pasado, un tribunal ya había abandonado los cargos contra él por la muerte de manifestantes durante la revuelta de 2011, que le había valido una cadena perpetua en primera instancia. Pero seguía detenido en el hospital militar de El Cairo.
Ayer, el Tribunal de Casación ordenó la anulación de su condena de mayo de 2014 a tres años de cárcel por malversación de fondos públicos por valor de más de diez millones de euros para la renovación de sus palacios presidenciales, y ordenó un nuevo juicio.
Mubarak, de 86 años, no ha sido puesto en libertad “porque el dictamen del tribunal de Casación no lo ha ordenado”, afirmaron la televisión y la agencia de prensa estatal, que citan a un responsable del Ministerio del Interior. “La decisión queda en manos de la fiscalía general o del nuevo tribunal que lo volverá a juzgar”, según la agencia Mena.
Su abogado, Farid al Deeb, aseguró sin embargo que Mubarak es libre debido a que, según él, ya “purgó la pena”. “Se quedará sin embargo en este hospital militar porque está enfermo”, añadió. “Más allá de mi opinión sobre Mubarak, legalmente debe ser puesto en libertad porque purgó su pena o se acerca al final y, si sigue detenido, solo es como consecuencia de presiones políticas”, declaró el abogado Gamal Eid, que dirige la ONG egipcia Arabic Network for Human Rights Information. La jurisdicción egipcia también anuló la condena a cuatro años de prisión contra sus dos hijos, Alaa y Gamal Mubarak, en el mismo caso de malversación.