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BUENOS AIRES (EFE). El juez Claudio Bonadio –que dirige la mayoría de las causas en las que está acusada la actual senadora– amplió el procesamiento y dictó el de más de 100 imputados en el tramo del expediente en el que se investigan irregularidades en la concesión de obra pública y otro vinculado con la renegociación de proyectos viales.
El juez imputa a Cristina por los delitos de cohecho pasivo reiterado en 1.027 ocasiones –701 de ellas en calidad de coautora y 326 como partícipe– y por admisión de dádivas.
El juez reiteró que esta causa refleja una “maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”.
Kirchner, quien fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, es acusada también de haber recibido coimas a cambio de la concesión de peajes en las rutas viales.
También será enjuiciado su exministro de Planificación Julio de Vido.
Los fiscales de cámara y el tribunal de alzada deben ahora confirmar la realización del juicio y, eventualmente, su fecha.
La exgobernante es actualmente senadora nacional y no puede ser detenida por tener fueros parlamentarios.
Bonadio solicitó al Senado que tramite su desafuero, aunque de nuevo no se prevé que el pedido prospere por contar el Senado con mayoría de legisladores peronistas, corriente a la que ella pertenece.
También amplió los embargos sobre los bienes y dinero de la expresidenta.
“En el marco de la causa de referencia se resolvió la situación procesal de 156 funcionarios y empresarios vinculados a la cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015”, señaló Bonadio, quien remancó que la “finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente siendo empresarios y funcionarios, funcionales y copartícipes de este plan sistemático”.
Por el caso “Cuadernos de la corrupción” la justicia investiga el presunto cobro de coimas (al menos US$ 160 millones en efectivo) a empresarios de la construcción que concursaban en licitaciones durante el periodo de Cristina Kirchner y también el de su esposo Néstor, quien murió en 2010.
Otros casos
Kirchner está ya sometida a un juicio oral por presunta corrupción en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz, feudo político original de esposo.
Ese juicio comenzó el pasado 21 de mayo.
Además, la expresidenta y sus dos hijos, Máximo y Florencia, enfrentarán un juicio oral aún sin fecha, acusados de lavado de dinero a través del alquiler de hoteles de la familia.
Desde hace tiempo, la exmandataria reitera que todas las acusaciones son mentira y que es víctima de una persecución política y judicial.
Sin embargo, el magistrado Bonadio aclaró que “al proceder a valorar 59 declaraciones, junto al restante material probatorio incorporado a todos estos legajos, que ha permitido verificar la existencia de esta organización delictiva, debe sostenerse, sin ambages, que la actividad desarrollada por este Tribunal no se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial”.
Ministro, empresarios y funcionarios
El exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el exsecretario de Obras Publicas José Lopez, ambos en el cargo durante todo el kirchnerismo y ya en prisión, son otros de los funcionarios a los que el magistrado amplía el procesamiento, así como de empresarios como Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente del país, Mauricio Macri.
Cristina Fernández viuda de Kirchner, líder del peronismo de izquierda, lanzó su candidatura a la vicepresidencia para las elecciones de octubre próximo, en una fórmula que encabezará su exjefe de gabinete Alberto Fernández.
En esos comicios, el actual mandatario, el liberal Mauricio Macri, buscará su reelección. Su imagen ha caído en las encuestas por la crisis económica que vive el país desde hace un año.