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La audiencia, que duró más de cuatro horas, tuvo lugar después de que el mes pasado el propio tribunal pusiese en vigor unas medidas de protección que frenaron la aplicación del denominado Código de la Democracia, que contiene nuevas regulaciones a la prensa en periodos electorales.
Esa decisión la adoptó tras admitir cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas por asociaciones de prensa y grupos políticos de oposición.
Una de las más polémicas reformas establece que durante la campaña electoral los medios “se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis políticas”.
Los grupos demandantes coincidieron en la audiencia en que esa cláusula viola la libertad de expresión e impide a la ciudadanía tener suficiente información para tomar decisiones adecuadas al momento de sufragar.
El presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, dijo que esa disposición acarrea una “grave afectación” al ejercicio periodístico pues, en su opinión, supone una “censura previa prohibida en la Constitución”.
Según él, la norma afectará a fin de cuentas a los ciudadanos y “la gran perdedora es la democracia”.
Del mismo modo, Vicente Taiano, asambleísta del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), opinó que la cláusula “coarta la posibilidad de que los candidatos se den a conocer en los medios de comunicación social, porque resulta que está prohibido hacer reportajes y entrevistas”.
En cambio, Vicente Peralta, subsecretario jurídico de la Presidencia, aseguró que en Ecuador hay “plena libertad de pensamiento, expresión”.
Además, negó que al amparo del Código no se podrán hacer reportajes o entrevistas durante la cobertura electoral y aseguró que está garantizada la libertad de opinión siempre y cuando no se tienda a favorecer a candidato alguno.
“Lo único que hemos pretendido hacer con esto es poner una regulación a la incidencia perniciosa de los medios de comunicación transformados en actores políticos y que aprovechando su condición de tales tratan de influenciar a los ciudadanos en el voto libre”, dijo el funcionario del Gobierno.