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CARACAS, 30 marzo 2017 (AFP, EFE, ANSA, Reuters). El líder opositor Henrique Capriles se preguntó: “¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para terminar de fijar posición unánime y firme de que en Venezuela hay una dictadura?”.
“Sentencia sala inconstitucional TSJ confirma golpe de Estado continuado del gobierno forajido y fallido repudiado nacional e internacionalmente”, apuntó en su cuenta en Twitter el diputado y expresidente del Legislativo, Henry Ramos Allup.
La Asamblea Nacional (AN) se declaró en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del tribunal que está en manos del chavismo, el cual se adjudicó todas las competencias legislativas.
El presidente de la Asamblea, Julio Borges, denunció que “en Venezuela, (el gobernante) Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”.
Borges instó a la Fuerza Armada a no “seguir callada frente a la ruptura de la Constitución”.
“Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales (...) están en contra del caos que sucede en Venezuela”, sostuvo el diputado.
El pasado martes, el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia, con todos sus miembros chavistas) ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
El chavismo ya ha usado el sistema penal contra líderes opositores, con varios de ellos “sentenciados” a largas condenas de cárcel por oponerse al Gobierno.
El chavismo ha acusado a los legisladores de “traición a la patria”, delito que conlleva 30 años de prisión.
Esa decisión coincidió con una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. La cita culminó sin acuerdos.
El TSJ declaró en “desacato” al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por una denuncia chavista de supuesto fraude electoral, algo que hasta ahora no han demostrado en ese juicio.
Esos tres diputados renunciaron hace unos meses, en el marco de un diálogo gobierno-oposición, buscando dar una solución al tema, pero el Tribunal no levantó su decisión.
Con esa sentencia anuló todas las decisiones del Parlamento y también ya había asumido algunas de sus competencias.