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“No entraremos en el debate sobre la ley de amnistía en este momento ni interna ni externamente”, sostuvo la funcionaria en un encuentro con la prensa extranjera.
El miércoles pasado, la presidenta Dilma Rouseff, acompañada de los expresidentes del período democrático, instaló la Comisión de la Verdad que investigará durante dos años las violaciones a las garantías básicas cometidas bajo la dictadura.
La Comisión de la Verdad solo podrá indagar esos hechos sin llevar a juicio a ninguno de los represores, protegidos por la ley de amnistía que fue ratificada por la Corte Suprema en 2010.
Rousseff fue encarcelada y torturada por los militares por su participación en movimientos de izquierda contrarios al régimen militar.
La ministra de Derechos Humanos dijo que la Comisión de la Verdad será presentada ante el foro de Ginebra como un “gran paso” en el “recorrido democrático de Brasil, y justificó la negativa a revisar la amnistía a los militares como parte de un proceso”.
“Vamos a reafirmar la importancia de este momento para Brasil, y agradecer el apoyo” de la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, enfatizó Do Rosario.
Brasil reconoció oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante el régimen militar, frente a 30.000 en Argentina –según entidades de derechos humanos– y más de 3.200 en Chile.
Humanizar cárceles
Brasil asumirá ante la ONU el compromiso de adoptar medidas urgentes para adecentar su sistema penitenciario y mejorar la formación de sus policías, anunció ayer la ministra Nunes.
Tanto el hacinamiento en las cárceles como la brutalidad policial son denunciados en cada informe de derechos humanos que se publica sobre Brasil.
Según explicó la ministra, se planea invertir 500 millones de dólares para crear 48.000 nuevas plazas en las cárceles, que actualmente alojan a cerca de 514.000 personas, una cifra que supera en casi 20 por ciento su capacidad, de acuerdo a denuncias de organizaciones de derechos humanos.
Caso João Goulart
BRASILIA (ANSA). La secretaria de Derechos Humanos de Brasil, María do Rosario Nunes, afirmó ayer que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff apoyará las investigaciones sobre la muerte del expresidente João Goulart.
El mandatario que gobernó entre 1961 y 1964 falleció en diciembre de 1976, durante su exilio en su finca de Corrientes, Argentina.
Pero su hijo João Vicente declaró recientemente que “las causas nunca fueron esclarecidas” y que seguirá investigando, ya que su padre era “permanentemente” seguido por agentes de inteligencia de Brasil, Uruguay y Argentina, dentro del marco de la red Cóndor.