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La jueza Nair Pimenta de Castro, de Marabá, estado amazónico de Pará, aceptó la denuncia de la fiscalía contra los militares retirados del ejército Sebastião Curió Rodrigues de Moura y Licio Augusto Maciel, acusados de secuestro calificado de cinco militantes que participaban de un movimiento guerrillero.
“La decisión de la jueza es inédita, porque considera la desaparición de esas personas como crímenes que aún se están cometiendo, más allá de la Ley de Amnistía”, dijo a ANSA una fuente de la fiscalía federal del estado de Pará.
La Ley de Amnistía de 1979 –sancionada por la propia dictadura– impide la apertura de juicios contra represores y fue ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El coronel Sebastião Curió y el mayor Licio Maciel están imputados penalmente por la desaparición de cinco militantes que participaron de la Guerrilla de Araguaia, un foco de resistencia armada de la dictadura que luchó en la Amazonia desde 1972 a 1975. Allí murieron o desaparecieron 62 guerrilleros.
Curió, una figura de renombre de la represión (que fue alcalde de la ciudad que fundó, Curionópolis, en la Amazonia), está acusado del secuestro y desaparición de María Celia Correa, Helio Magalhães, Daniel Ribeiro Callado, Antonio de Padua Costay, Telma Regina Cordeira Correa.
Todos estos desaparecidos fueron capturados con vida entre enero y setiembre de 1974 por las tropas comandadas por Curió.
Según la fiscalía, la aceptación de la denuncia por parte de la jueza está de acuerdo con una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que reclamó a Brasil juzgar los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.